La resolución emitida se dictó con la medida cautelar N° 892012 que impone suspensión preventiva al juez de paz de Roma y fue firmada por Enrique Javier Mendoza Ramirez, jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).
Según la resolución, el Fiscal adjunto de Ascope Carlos Macchievelo Barriga envió una queja ante la ODECMA de La Libertad referida a la investigación preventiva que se encuentra realizando a solicitud de la intendencia de Aduanas de Salaverry.
A raíz de esta investigación se le abrió proceso disciplinario en la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) y fue la jefa de esta institución Alicia Tejeda Zavala, quien solicitó toda la documentación para el análisis respectivo.
De acuerdo a la investigación, al Juez de Paz Enrique Javier Mendoza le atribuyen haber vulnerado deberes funcionales por inmatricular (legalizar) siete vehículos sin el debido procedimiento y requisito de ley.
Además, de haber tramitado un proceso sin tener competencia para ello. Por estas considerandos, el Órgano de Control de la Magistratura dispuso resolver e imponer medida cautelar de suspensión preventiva hasta que la fiscalia de Ascope emita una resolución final sobre las investigaciones que le solicitó Aduanas de Salaverry.
HISTORIA CONOCIDA
Luego de un paciente seguimiento a la inscripción de vehículos en la zona registral N° II – Chiclayo, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat – La Libertad) logró descubrir una bien montada organización dedicada a la formalización de automóviles que ingresaron al país burlando todos los controles aduaneros.
Con el objetivo de formalizar este hecho, los integrantes de esta mafia utilizaron al juez de Paz de Primera Nominación del centro poblado de Roma (Casa Grande), Segundo Vidal Ramirez, quien formalizó mediante procesos legales las actividades ilegales, donde no se descarta que haya formalizado 29 vehículos valorizados cada uno en un aproximado de 110 mil dolares.
MAQUIAVÉLICOS
En el expediente de la Superintendencia de Administración Tributaria se pudo verificar que todo el proceso se inicia un 15 de octubre de 2008, cuando se celebra un contrato privado de préstamo de dinero de 17 mil 550 soles entre Santos Navis Sare (deudor) y Daniel Rosas Vidal (acreedor).
De acuerdo a las clausulas del documento se indica que el deudor deja en garantía, a favor del acreedor un camión marca Mitsubishi (carrocería microbús) y un automóvil Toyota Corolla (station wagon) que al cabo de un año si no paga la cantidad pactada se quedará con los vehículos.
Para confirmar que todo se trataba de un arreglo, transcurre el tiempo establecido y el acreedor interpone una demanda de obligación de dar suma de dinero ante el Juzgado de Primera Nominación de Roma para que los vehículos que le fueron puestos en garantía pasen a su propiedad de acuerdo al contrato.
El tiempo pasa y el Juzgado emite una resolución de conciliación entre ambas partes a favor del entonces acreedor en esta caso a Daniel Rosas Vidal para que se le transfiera los tres vehículos a su nombre y para tal efecto se oficie a la Oficina Registral de la ciudad de Chiclayo, a fin de que los registre.
El proceso ilegal fue descubierto por Aduanas y ahora se encuentra en litigio, ya que inmatricular vehículos no es competencia de un juez de Paz. La situación se torna critica para la autoridad. LaIndustria
CASA GRANDE: Suspenden a juez de Roma por irregularidades
Reviewed by Valle Chicama
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agosto 22, 2012
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