Mujeres no denuncian agresiones por demoras en el Poder Judicial

La representante del Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Familia de La Esperanza, Ana María Wong Santa Cruz, expresó que existe un aproximado de 70 casos archivados por violencia familiar de los 354 denunciados. Siendo dos de los motivos principales que definen esta situación: evitar el reconocimiento médico legal así como físico y psicológico y no declarar ante el poder judicial alegando conciliación.

“Existe un alto número de denuncias, pero muchos de los casos no son continuados por las víctimas, quienes en su mayoría mujeres, desisten de acusar a su agresor. Una denuncia sobre violencia familiar es en esencia una violación de derechos humanos y la posible muerte de una mujer”, refirió.

También, dijo que 30% de los casos correspondería a mujeres que fluctúan las edades de 20 y 45 años, además mencionó que una de las dificultades en los procesos está en la lentitud de los trámites judiciales. Por ejemplo, recién en octubre se darán inició a las audiencias que corresponden a los casos denunciados en julio.

Casos en aumento

Según las estadísticas del Centro de Emergencia Mujer, perteneciente al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), en Trujillo se ha registrado en lo que va del año 577 casos de violencia familiar física y psicológica en diferentes sectores de nuestra provincia contra mujeres cuyas edades oscilan entre los 19 a 51 años. No obstante, el alto índice de este rango se encuentra entre los 20 a 35 años y lo más indignante es que paralelamente a estos ataques 37 menores de edad entre 5 a 15 años, fueron víctimas de abuso sexual.

La especialista del Mimp de La Libertad, Isabel Botton Panta, señaló que la violencia familiar (física y psicológica) en los hogares ya no puede concebirse más como un hecho privado sino como un problema de salud pública dadas las dimensiones y daños ocasionados a la sociedad. “La violencia doméstica es un asunto de derechos humanos, como un delito que los gobiernos deben confrontar con diversas acciones”, comentó.

Acotó que aún cuando se carece de datos estadísticos comparables para el ámbito nacional y otros estudios que cuantifiquen y detecten el problema, en toda su amplitud, los reportes de instituciones como, por ejemplo, los cuerpos policiales, sector salud y justicia, revelan cifras muy altas en la incidencia de la violencia intrafamiliar que deben ser objeto de consideraciones con carácter prioritario en las políticas públicas.

Juliana Paredes Carranza