Murgia frena fiscalización de gerentes de la Región

Los integrantes del Consejo Regional de La Libertad responderán, a más tardar este viernes, a la demanda constitucional de acción popular interpuesta por el presidente del Gobierno Regional, José Murgia Zannier, quien solicitó anular las facultades de los consejeros de interpelar a los gerentes regionales, por considerar que se trata de una acción que solo le corresponde a los congresistas de la República.

Según indicaron, la medida judicial fue presentada ante la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad el 17 de octubre último y la referida unidad judicial respondió nueve días después, conminando al legislativo regional a constar esta demanda en 10 días.

“El presidente regional está pidiendo modificar el artículo 69 del Reglamento Interno del Consejo Regional, el cual establece el procedimiento de control político que se debe seguir a los funcionarios públicos de confianza designados por el Ejecutivo. Esta normativa fue aprobada en el 2010 y, ahora, el presidente regional interpone esta demanda porque no está de acuerdo con este tipo de control”, manifestó la consejera delegada del legislativo regional. Olga Yglesias Peláez.

Resaltó que, las facultades de fiscalización de los consejeros regionales son distintas a las que tienen los parlamentarios. No obstante, la titular del Consejo Regional consideró sumamente importante que estas acciones continúan para garantizar el desarrollo y cumplimiento adecuado de las obras y proyectos planteados por cada dependencia.

“No podemos quedarnos solo como observadores y no tener resultados. Mañana (hoy) vamos a informar los detalles sobre esta demanda y a más tardar el viernes estaremos respondiendo, de acuerdo a lo que indiquen nuestros asesores y la procuradora”, indicó la representante de la provincia de Bolívar.

Nadie es intocable
A su turno, el representante de la provincia de Otuzco, Mayer Haro Rafael, resaltó que no se puede convertir a los funcionarios regionales en personas “intocables”.

“Es un error que él  mismo ha firmado. Ahora, dos años después, cuando empezamos a fiscalizar se da cuenta que no le conviene. La medida está aprobada en el reglamento. Sin embargo, considero que el artículo debería corregirse, porque nosotros si tenemos la opción de establecer sanciones administrativas”, sostuvo, tras solicitar que los cargos sean asignados de acuerdo a concursos públicos.  La Industria