Elizabeth Carmona Marroquín, abogada de Johana Inga Argote, madre de una de las víctimas, contó a ‘Hildebrandt en sus Trece’ cómo la empresa ha hecho todo lo posible para diligencias que muestren los vídeos de las cámaras de seguridad el día de la muerte de los trabajadores.
El 15 de diciembre de 2019, Gabriel Campos Zapata y Alexandra Porras Inga murieron electrocutados en un local de McDonald’s en Pueblo Libre. Según la policía, las muertes de produjeron por una fuga de energía de un dispensador de gaseosas que no tenía el mantenimiento adecuado.
Y según reveló el padre de Porras Inga, la empresa Arcos Dorados, dueña de la franquicia de McDonald’s en Perú, les entregó un total de S/ 1 millón 225 mil. Hasta donde se conoce, los padres de la otra víctima recibieron un acuerdo inicial por S/ 750 mil.
Obstáculos en la investigación
El día de la muerte de los dos jóvenes, la abogada Carmona denunció ante la prensa que la empresa había impedido que las autoridades ingresaran al local para supuestamente limpiar la escena de posibles indicios de negligencia laboral. “La señora Inga me pedía que saliera a la prensa a denunciar estos hechos”, revela.
Protesta en en local de la tragediaLa visualización de los videos de vigilancia mostrarían el momento de las muertes y con eso el caso estaría resuelto. “Cuando nosotros solicitamos esa diligencia a inicios de enero, la empresa nos contactó. A partir de entonces, la señora Inga comenzó a conversar personalmente con ellos”, dice Carmona.
La abogada estuvo al margen de estas reuniones y continuó luchando contra el equipo legal de McDonalds que hasta hoy se ha negado a entregar el código de seguridad que permitiría visualizar las imágenes de las cámaras de seguridad.
Según Hildebrandt en sus 13, en unos audios se escucha a Ricardo Elías Puelles, abogado de la franquicia, pidiendo a la División de Homicidios la postergación de la visualización de esos videos. En otros audios, se le oye solicitar que los empleados de McDonald’s se acojan al derecho de guardar silencio hasta la visualización de las imágenes. Incluso se quejo de la presencia de la madre de Alexandra Porras en algunas diligencias.
La estrategia legal ha impedido que José Andrade Roy, gerente general de “Arcos Dorados”, dueño de la franquicia de McDonald’s en Perú, no se presente a rendir su manifestación en varias oportunidades. La PNP lo calificó como “no habido”.
La abogada Carmona comenta que a partir de la última semana de enero la actitud de su clienta empezó a cambiar. “Ya no guerree, doctora”, le dijo. Además, le prohibió declarar a la prensa, ir a la DIRINCRI o presentar algún escrito ante el Ministerio Público.
La investigación se congeló y el 6 de febrero Carmona declaró a Exitosa que las pesquisas estaban estancadas. “Ese mismo día el coronel encargado del caso reactivó el asunto y se reprogramaron diligencias. Cuando la señora Inga se enteró, me llamó la atención duramente”, dice la abogada.
La abogada y su clienta firmaron un contrato en el que se acordaba que por sus servicios la abogada recibiría el 20% de la indemnización que pagara la empresa.
La madre de Alexandra Porras, Johana Inga, y la abogada Elizabeth Carmona. Foto: CorreoPero la investigación volvió a obstaculizarse. “Los trabajadores de McDonald’s siguieron faltando a las citaciones y el video continuaba sin poder visualizarse”, narra. El 18 de febrero una diligencia se volvió a frustar pero por una razón muy distinta.
¿Pago por silencio?
El día 17 de febrero, la abogada y su clienta se reunirían con los representantes legales de McDonald’s para firmar un acuerdo extrajudicial. Al lugar también acudió el padre de Alexandra Porras, Ricardo Porras Urbizagástegui.
Durante esta reunión, los padres de Alexandra aceptaron un acuerdo por S/ 750 mil. “Las partes manifiestan su voluntad de renunciar a cualquier acción o pretensión que se encuentre en curso o que eventualmente pueda ser planteada de naturaleza judicial, extrajudicial, civil, comercial, personal, constitucional, penal, cautelar, laboral y de cualquier otra índole, ante cualquier corte, contra La Empresa, sus trabajadores, sus directivos, funcionarios o representantes o en contra de sus empresas vinculadas ya sea en territorio nacional y/o extranjero”.
Un contrato parecido fue firmado por los padres de la otra víctima, Gabriel Campos, asegura la abogada Carmona.
“Se puso a llorar (la señora Johana Inga) y dijo que no quería ver el vídeo porque la iba a poner mal, pero creo que más fue porque le pidieron dejar ahí el tema. El abogado de ‘Arcos Dorados’ decía que si el vídeo se filtraba iba a recorrer el mundo y eso solo le haría daño a la empresa. Luego nos dieron un documento ya redactado como si lo hubiéramos redactado nosotros”, cuenta Carmona.
Al día siguiente de firmar el acuerdo extrajudicial, Inga, su expareja y la abogada cobraron un primer adelanto entregado por la empresa. Sin embargo, Carmona se enteró que su clienta no le pagaría el resto de sus honorarios. Y se quedó aún más sorprendida cuando se enteró que antes de firmar el acuerdo, su clienta Johana Inga había recibido otro cheque extraordinario por más de S/ 800 mil, algo que ni ella ni el padre de la víctima sabían.
Tras enterarse, le reclamó e Inga accedió a completar el pago. “Yo pensé que ahí acababa el asunto”, dice Carmona, pero no.
El pasado 25 de agosto, Ricardo Porras, padre de Alxeandra, se presentó a un programa de televisión para denunciar que la empresa había pagado a Inga S/ 850 mil adicionales por su silencio. En total, la madre recibió S/ 1 millón 225 mil.
Captura: Dominical ‘Día D’
El 29 de julio, la Division de Homicidios de la Policía entregó el atestado final al Ministerio Público señalando como responsables de homicidio culposo y acciones contra la libertad de trabajo al mandamás local de la franquicia, José Andrade, y a la administradora de la tienda de Pueblo Libre, María Pisfil Silva. De ser declarados culpables, ambos podrían ser condenados a 8 años de cárcel.
La conclusión del caso es que los dos ejecutivos no se preocuparon por implementar un sistema eléctrico eficiente ni de dotar de implementos de seguridad a sus empleados. Además, la empresa carecía de un reglamento interno en materia de seguridad y salud, no brindó condiciones de autoprotección, ni supervisó si estas existían.
Sin embargo, sin evidencias elementales como el vídeo de seguridad o la participación de los padres de las víctimas, el caso podría quedar archivado.
Reviewed by Diana Chuquiruna Lozada
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septiembre 04, 2020
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