El último 21 de enero, en pleno pico de la segunda ola de la pandemia de la COVID-19 en el Perú, en el Tribunal Constitucional (TC) se realizó una votación trascendental. Ese día los magistrados dieron a conocer sus votos sobre una acción de amparo solicitada por Telefónica para evitar que la Sunat le cobre, entre impuestos e intereses moratorios, en total S/ 2163 millones. La demanda de la empresa de telecomunicaciones fue presentada en el 2017, tiene el código 225 y es por tributos que no pagó en el 2000 y 2001.
Al momento de la votación, en la sala virtual del TC solo estaban seis de los siete integrantes. El ausente era Augusto Ferrero, quien días antes había pedido licencia. Cuatro fueron los magistrados que votaron a favor y dos en contra. Eloy Espinosa-Saldaña, Carlos Ramos Núñez, Ernesto Blume y José Luis Sardón apoyaron el pedido de Telefónica, mientras que Marianella Ledesma y Manuel Miranda se opusieron.
Los pocos funcionarios presentes en la sala virtual del TC se quedaron sorprendidos. Espinosa-Saldaña y Ramos Núñez habían decidido sumarse al bloque de magistrados que estaba a favor de condonar deudas tributarias. Así, se pusieron en el lado de Telefónica, y le dejaron la puerta abierta para que la empresa española no pague la mitad del total de S/ 5317 millones que le debe a la Sunat.
Una semana después de la votación, Augusto Ferrero se reincorporó a sus funciones y emitió su voto. Fue también a favor. La acción de amparo había quedado sacramentada: 5 contra 2. Perdió la Sunat. Ganó Telefónica. Al cierre de este informe, cada uno de los siete magistrados del TC se encuentra redactando la sustentación de su voto. Luego, la sentencia se hará pública.
Documentos internos de la Sunat, donde se calcula los tributos e intereses que Telefónica dejó de pagar entre el 2000 y 2001. La suma, según la Sunat, asciende a S/ 2163 millones.
La trascendental votación del caso Telefónica fue realizada entre gallos y medianoche, y en contra de la política de transparencia que venía mostrando el TC en los últimos meses. Las deliberaciones de casos como la suspensión del cobro de peajes, la constitucionalidad del cierre del Congreso y la prohibición de las corridas de toros fueron públicas. La última que fue transmitida por todos los canales digitales del TC fue sobre la prescripción de deudas tributarias, que tuvo lugar el pasado 22 de septiembre.
En aquel caso, un grupo de empresa con acreencias con la Sunat —entre ellas Telefónica— buscaban que el TC declare prescritas deudas que tenían por más de 9 mil millones de soles. El pedido no prosperó, y fue declarado infundado, en esa línea votaron Espinosa-Saldaña, Ramos Núñez, Miranda y Ledesma. El caso tuvo amplia cobertura mediática y de la sociedad civil, pero trajo consecuencias al interior de la Sunat.
Resulta que luego de aquella votación, un grupo de magistrados —liderados por Ernesto Blume— pidió a Marianella Ledesma, presidente del Tribunal Constitucional, suspender las deliberaciones públicas. La solicitud fue sometida a votación y recibió el respaldo de cuatro magistrados: Miranda, Sardón, Ferrero y Blume, el promotor. Miranda, quien anteriormente había apoyado las deliberaciones públicas, había cambiado de opinión. Según la justificación que dio a sus colegas, se debió a que “no se sentía cómodo hablando en público”.
Magistrados Manuel Miranda y Carlos Ramos Núñez. El voto de Miranda fue decisivo para que el TC ya no siga haciendo votaciones públicas. Carlos Ramos es el ponente del caso Scotiabank, que entrará a votación la próxima semana. (Foto: Tribunal Constitucional)Desde aquel 22 de septiembre todas las votaciones del TC han venido siendo reservadas, como sucedió con la reciente decisión sobre la deuda de Telefónica con la Sunat. Otra elección que correrá la misma suerte si es que no hay un revés en favor de la transparencia, será la del caso Scotiabank, donde el ponente es Carlos Ramos Núñez, cuya propuesta, según reveló en el 2017 el semanario Hildebrandt en sus trece, es que se declaré fundado el pedido de la entidad bancaria y se le perdone una deuda tributaria de S/ 481 millones. Debido a la presión mediática, el caso Scotiabank quedó suspendido, pero ahora será puesto a debate en las próximas semanas.
Volviendo al caso Telefónica. Si bien la votación se realizó el último 21 de enero, la audiencia de vista de la causa tuvo lugar el 6 de enero. Fue la primera que vio el Tribunal Constitucional luego del receso por navidad y año nuevo. En ella, como abogado de Telefónica, se presentó Fernando Meléndez Fernández, socio principal del estudio Muñiz. Como defensores de la Sunat estuvieron Reynaldo Bustamante Alarcón y Francisco Eguiguren Praeli, profesores de Derecho de la Universidad Católica.
La audiencia duró una hora con cuarenta minutos, y el video completo está en el canal de YouTube del TC. A lo largo de su defensa, Meléndez explicó —y reconoció— que la deuda que la Sunat le ha calculado de más de dos mil millones de soles tiene tres componentes: S/ 582 millones de capital que dejaron de pagar, S/ 852 millones por los intereses moratorios y S/ 729 millones en cargos generados debido a demoras administrativas del Tribunal Fiscal.
Captura del pantalla del momento en que Fernando Meléndez Fernández, abogado de Telefónica, explica el desagregado de la deuda de S/ 2163 millones que su defendida tiene con la Sunat.Para exponer su caso, Meléndez utilizó un cuadro desagregando cada uno de los componentes de la deuda total de S/ 2163 millones. Según Meléndez, Telefónica solo quería que el TC deje sin efecto los S/ 729 millones que le estaba cobrando la Sunat. El pedido únicamente sobre ese monto, según el abogado, se debe a que los otros componentes todavía están en discusión en el Poder Judicial. La Sunat sostiene que la deuda de Telefónica se debe a tributos que la empresa —hoy llamada Movistar— decidió no pagar para tener más capital de trabajo disponible.
“¿Debo entender, entonces, que Telefónica no ha pagado (hasta ahora) ni la suma capital ni los intereses moratorios?”, preguntó la magistrada Ledesma en la audiencia pública del último 6 de enero. A Meléndez no le quedó de otra que reconocer que su defendida, Telefónica, no ha pagado ni un sol a la Sunat de los más de dos mil millones de soles que están en discusión. “Correcto. Ha pagado del ejercicio 2000 mucho dinero, muchos millones de soles, pero como cuestionó algunos repartos, esos reparos que cuestión suman 582 millones. De esos 582 no ha pagado suma alguna”, dijo el abogado del Estudio Muñiz.
El documentos con el fallo del TC que le da la razón a Telefónica se conocerá en los próximos días. La decisión es un enorme revés para las arcas fiscales y la Sunat: abre la puerta para que Telefónica solicite —ante el Poder Judicial y el mismo Tribunal Constitucional— que el beneficio se extienda a otras deudas tributarias que tiene. Mientras tanto, otras empresas deudoras —como Scotiabank, Paramonga, Cerro Verde o Volcán— también aplauden la decisión del TC.
El magistrado Eloy Espinosa-Saldaña confirmó la votación de 5 contra 2 en el caso Telefónica. Espinosa-Saldaña, asimismo, nos hizo llegar un texto explicando las razones de su voto:
“Estamos ante un caso donde la Sunat demoró siete meses en resolver, Telefónica apeló, y el Tribunal Fiscal inexplicablemente demora siete casos en resolver (no era un caso complejo, no había una conducta de las partes que demore la respuesta) y luego quiere cobrar por los siete años de su demora. Es una notoria violación del derecho al plazo razonable, y eso es lo que ha sancionado el Tribunal, pidiéndole que recálcale este pago de intereses. La discusión sobre el monto de la deuda en sí no es competencia del Tribunal Constitucional, sino del Poder Judicial. La sentencia del Tribunal Constitucional no le regala algo a alguien, sino busca más bien llamar la atención a la actuación de una entidad como el Tribunal Fiscal, que con demoras injustificadas pueden perjudicar los derechos de todos los contribuyentes, sean estos grandes o chicos”.
Con información by Foco.pe
Reviewed by Diana Chuquiruna Lozada
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febrero 19, 2021
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