Empresas privadas con luz verde para importar vacunas contra COVID por decisión judicial

El alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, había interpuesto una acción de amparo para facultar a los gobiernos regionales, locales y el sector privado la adquisición de vacunas contra el COVID-19.

El Poder Judicial declaró “fundada en parte” la acción de amparo interpuesta por Álvaro Paz de la Barra, alcalde de La Molina, para permitir la compra e importación de vacunas contra el coronavirus (COVID-19) por parte del sector privado.

En su parte resolutiva, el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de La Molina y Cieneguilla estableció autorizar a las empresas del sector privado a que puedan importar vacunas contra el COVID-19 “para su distribución gratuita a su personal y a sus familiares directos, pudiendo realizar la inoculación respetando los protocolos de higiene y seguridad que establece el Ministerio de Salud”.

Además, exhortó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a reglamentar, en un plazo razonable, de “manera clara y precisa” el procedimiento que las empresas del sector privado deben seguir para la importación de la vacuna contra el COVID-19.

También instó Poder Ejecutivo que trabaje de manera conjunta con los gobiernos Locales y Regionales en el proceso de vacunación a la población, a fin de procurar que durante este año se culmine con la vacunación de las personas de entre 59 y 18 años de edad.

No obstante, el Poder Judicial declaró infundada la demanda en el extremo de ordenar la liberalización total de la importación de vacunas contra el COVID-19 para su libre comercialización sin sujeción a los requisitos sanitarios.

El caso

El alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, había interpuesto la acción de amparo el pasado 3 de marzo, la misma que fue admitida a trámite el 9 de marzo. En aquel momento, el burgomaestre argumentaba una “lentitud del proceso de vacunación contra el COVID-19”.

“En síntesis la demanda se sustenta en que se encuentra en riesgo el derecho a la vida y a la salud de muchos peruanos, debido a la lentitud del proceso de vacunación contra el COVID-19, solicitando la participación de la empresas privadas y de los gobiernos regionales y locales en la adquisición de vacunas para combatir dicha pandemia”, se lee en la resolución.