Congreso aprobó dar puntos adicionales a jóvenes en concursos para empleos en el Estado

El Pleno del Congreso aprobó ayer, por 96 votos y 3 abstenciones, el dictamen de los proyectos de ley 1574, 2222 y otros, que busca promover el empleo de jóvenes técnicos y profesionales en el sector público.

Fue luego de un cuarto intermedio para que el presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Oseda (Frepap), presente un nuevo texto sustitutorio que recoja los aportes de sus colegas parlamentarios.

“Se ha buscado la mejor fórmula a fin de que no colisione con el artículo 79 de la Constitución y evitar las observaciones del Poder Ejecutivo”, aseguró Oseda Yucra.

Afirmó que en el artículo 3, sobre la bonificación especial, se plantea que “las entidades de la administración pública entregan la bonificación del 10% en la etapa de la entrevista personal de los concursos públicos de méritos que convoquen a los postulantes técnicos y profesionales que tengan como máximo 30 años”.

Agrega que “a los postulantes que se refiere el párrafo anterior que posean experiencia laboral en el sector público se les incrementa 1% por cada año de servicios prestados, hasta el máximo de 3 puntos sobre el puntaje final”.

Oseda señaló que “para dicho efecto, también se considera al Servicio Rural Urbano Marginal de Salud (Serums), internados y las prácticas preprofesionales y profesionales en el Estado”, aporte planteado por la congresista Matilde Fernández (SP).

También, de acuerdo con el aporte de la congresista Martha Chávez (FP), se precisan los alcances de la segunda disposición complementaria, en el siguiente sentido:

“Se entiende por entidades de la administración pública a las señaladas en el artículo 1 del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por DS 004-2019-JUS”.

La propuesta de ley fue exonerada del trámite de segunda votación por 93 votos, 1 en contra y 5 abstenciones, con lo quedó expedita para ser enviada al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.

DEBATE

En horas de la mañana, el dictamen fue sustentado por el congresista Daniel Oseda Yucra (Frepap), presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, quien señaló que la propuesta se enmarca en la política nacional del empleo dirigida por el Estado que debe tener como finalidad la planificación y generación, sobre todo, del empleo productivo en nuestro país.

Señaló que las políticas nacionales siempre se han enfocado mayoritariamente al sector privado, entendiéndolos como los únicos actores con los que se puede dar solución al álgido problema del empleo. Es decir, que el Estado solo ha cumplido un rol director y promotor, sin antes priorizar el rol protagónico en el dominio del empleo.

La iniciativa busca fomentar y promover el ingreso a espacios laborales en el sector público de jóvenes de 18 a 25 años, con título de carrera técnica o universitaria, y que no cuenten con experiencia laboral en el sector público ni privado, con un mínimo del 5% del total de trabajadores de las entidades públicas. Además, dicha medida no implica incremento del presupuesto institucional en gastos de personal.

Oseda aseveró que se observa que en la actualidad los requisitos para acceder a la función pública son tener años de experiencia, por lo general, de 1 a 2 años, requisito indispensable que perjudica a una gran cantidad de jóvenes peruanos egresados de los institutos superiores técnicos y de universidades, hallándose en desventaja frente a otros postulantes al concursar a puestos de trabajo en el Estado.

Dado que no cuentan con la experiencia ni el tiempo de trabajo solicitado en las convocatorias públicas, asimetría que se presenta, al no haberse establecido aun en nuestro país una política de correlación entre el Estado y los centros de formación profesional, que debiera ser la cantera natural para encontrarlos.

La propuesta legal se orienta a establecer facilidades a fin de que los postulantes técnicos y/o profesionales, con poca o sin experiencia, puedan acceder a formar parte del aparato estatal.

Respecto a la reglamentación, indicó que el Poder Ejecutivo aprueba las disposiciones reglamentarias para la aplicación de lo dispuesto por la presente ley en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de su vigencia.

Al respecto, el legislador Franco Salinas López (AP), autor de uno de los proyectos de ley, señaló que se propone medidas concretas y claras para la función pública de jóvenes peruanos que favorezcan a la gestión pública en todos los niveles del Estado.

“Esta norma se enmarca dentro de una política pública que busca otorgar mejores oportunidades de acceso al empleo a los jóvenes técnicos y a los profesionales en el Estado, puesto que existen en la actualidad disposiciones que en la práctica les desfavorecen como, por ejemplo, contar con uno o dos años de experiencia en el sector público como requisito indispensable para acceder a cualquier vacante, así como poseer capacitaciones en determinadas materias específicas, además de experiencia especifica en áreas del Estado entre otras disposiciones”, refirió.