Defensoría del Pueblo insta al gobierno de Pedro Castillo a «cesar todo acto que limite la libertad de prensa»

La entidad cuestionó que se impida el acceso de los periodistas a las actividades oficiales y calificó de “grave” que el premier Guido Bellido haya imputado a los medios de comunicación una “actitud obstruccionista”.

En un comunicado, la Defensoría del Pueblo instó al gobierno del actual presidente de la República, Pedro Castillo, a «cesar todo acto que limite la libertad de prensa».

La institución que encabeza Walter Gutiérrez recordó que el Poder Ejecutivo viene impidiendo el despliegue de los periodistas en varias actividades públicas, como la inmunización contra la COVID-19 del jefe de Estado.

«Acciones como impedir la presencia de los medios en los actos oficiales del Gobierno, obstaculizar el libre despliegue de la prensa para cubrir actividades públicas y que se desconozca plenamente la agenda del primer mandatario, constituyen actos que contravienen las obligaciones dirigidas a materializar los derechos antes mencionados», se lee en la misiva.

Más adelante, la entidad calificó de «grave» que el flamante premier, Guido Bellido, le haya imputado a los medios una «actitud obstruccionista».

«Igualmente grave es que las nuevas autoridades del Ejecutivo y, en concreto, el presidente del Consejo de Ministros, desarrollen discursos contra los medios de comunicación. Imputarle a los medios una actitud obstruccionista no se condice con el perfil democrático que debe tener el portavoz del Gobierno», explicó.

En tal sentido, la Defensoría subrayó que resulta indispensable que la libertad de prensa deba ser desarrollada sin vulneraciones, exhortando a las autoridades, a la vez, a conducirse conforme a la Carta Magna.

«Las conductas descritas no son solo antidemocráticas, sino también constituyen vulneraciones flagrantes a la Constitución. Por ello, resulta inaceptable que siendo el Gobierno quien debe garantizar las libertades de expresión e información, sea el que las ponga en riesgo», indicó.

«Consideramos que el Gobierno debe actuar conforme a la Constitución y, en su rol de garante de derechos, facilitar la labor del periodismo, removiendo los obstáculos que limitan la pluralidad informativa y asegurando el ejercicio pleno de la libertad de prensa», concluyó.