Juan Burgos consideró que las declaraciones de Guillermo Bermejo, investigado por filiación al terrorismo, sobre un posible cierre del Congreso merece una sanción.
El congresista de la bancada Avanza País, Juan Burgos Oliveros, presentó una denuncia ante la Comisión de Ética contra el legislador de Perú Libre -investigado por la fiscalía por filiación al terrorismo- Guillermo Bermejo por considerar que tiene actitudes “antidemocráticas”, incluyendo los comentarios que hizo sobre la posible disolución del Congreso.
El documento fue presentado ante la presidencia de la Comisión de Ética (la cual todavía no ha sido definida en el Poder Legislativo) y acusa a Bermejo de una presunta falta ética por lo que calificó como actitudes “antidemocráticas” y en desprecio del “orden constitucional”.
Burgos evaluó como parte de su acusación los llamados que ha hecho el congresista oficialista para que se lleve a cabo una Asamblea Constituyente y por estar involucrado en una investigación por presuntos vínculos con los Quispe Palomino, en el Vraem.
Lo que también menciona como parte de su denuncia son las declaraciones que hizo Guillermo Bermejo en un evento partidario de Perú Libre. “En su afán de instaurar un sistema inconstitucional ya ha fijado una estrategia para cerrar el Congreso”, asegura el congresista de Avanza País.
“Indicó que los integrantes de la bancada oficialista no tienen ‘miedo’ de que se cierre el Congreso de la República y consideró (inclusive) una eventual disolución del Parlamento como ‘parte de un proceso’ de cara a la convocatoria de la Asamblea Constituyente”, advirtió.
En un evento con dirigentes de juventudes de Perú Libre, Guillermo Bermejo dijo: “La derecha se está sacando su careta y ahora demuestran que son fascistas e igual van a ser derrotados, pero si se atreven a tanto, bueno se cerrará el Congreso si no les gusta ningún Gabinete [...] Mil veces que cierren el Congreso si lo que viene después es una Asamblea Constituyente”.
Por estos motivos, pide que se aplique como sanción una suspensión de 120 días contra el legislador de Perú Libre.
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