Caso Inti y Bryan: Ministerio Público formaliza denuncia penal contra 11 oficiales de la PNP

por los presuntos delitos de homicidio agravado y otros contra de Inti Sotelo y Bryan Pintado. 

La Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima Especializada en Delitos de Derechos Humanos, a cargo de la fiscal Jhousy Aburto Garavito, formalizó la denuncia penal contra 11 oficiales de la Policía por la presunta comisión de los delitos de homicidio agravado y otros, en agravio de Inti Sotelo y Bryan Pintado, quienes murieron en las protestas de noviembre de 2020.

Se trata del teniente general Jorge Lam Almonte, el general Jorge Cayas Medina, los coroneles Percy Tenorio Gamonal y Carlos Vicente Villafuerte, los comandantes Charles Apaza Pilares, Giulianno Arguedas Pérez y Víctor Oliva Angulo; los mayores José Solari Chillcce y Juan Chenet del Pozo, así como el capitán Mario García Chávez.

Ellos comprendidos en la investigación por los presuntos delitos contra la vida el cuerpo y la salud -en la modalidad de asesinato con alevosía-, lesiones graves y leves, y contra la administración pública -en la modalidad de abuso de autoridad-, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

Al teniente general Jorge Lam Almonte, en su calidad de comandante general (e) y subcomandante general PNP, se le imputa ser autor mediato, en dominio de organización, de la presunta comisión de los delitos de asesinato con alevosía en agravio de Inti Sotelo y Bryan Pintado.

De igual manera, se le acusa de lesiones graves y leves contra de 80 manifestantes, y contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad al haber ordenado y emitido disposiciones para la realización de las operaciones policiales en las protestas de noviembre.

En tanto, al general Jorge Luis Cayas Medina, en su rol de jefe de la Región Policial Lima, y otros oficiales, se les sindica como coautores de los mismos delitos. La investigación fiscal señala que los altos mandos de la Policía no solo tuvieron conocimiento de los hechos, sino que habrían ordenado el uso de la fuerza pública.

Según la Fiscalía, se actuó de manera indiscriminada, desproporcional e ilegal, con la utilización de armas potencialmente letales y municiones prohibidas, para impedir que los manifestantes se movilicen hacia Palacio de Gobierno y al Congreso de la República, y para neutralizar toda protesta social contra el gobierno de Manuel Merino de Lama.