Las 5 congresistas investigadas por denuncias sobre recorte de sueldos.
Ya son 5 las congresistas que son investigadas en la Comisión de Ética Parlamentaria por denuncias en las que se les sindica como responsables de recortarle el sueldo a los trabajadores de sus despachos en el Poder Legislativo.
María Cordero, de las filas de Fuerza Popular, se suma esta semana al grupo que conformaban representantes de las bancadas de Podemos Perú y Alianza para el Progreso.
El caso de la legisladora fujimorista, representante de Tumbes, se aúna a los de Heidy Juárez (PP); de Magaly Ruiz y Rosio Torres (APP), y de la no agrupada Katy Ugarte.
Cordero fue denunciada ante la Comisión de Ética al iniciarse la semana, por su compañera de bancada, Patricia Juárez, luego que el programa televisivo dominical ‘Punto Final’ reveló que uno de sus trabajadores la responsabilizaba por recortarle la mitad del sueldo, mostrando como prueba grabaciones de audio.
El grupo presidido por Karol Paredes notificó al respecto a Cordero e inició la investigación preliminar sobre su caso.
Las otras denuncias
En cuanto a Heidy Juárez, el semanario ‘Hildebrandt en sus Trece’ reveló los testimonios de cuatro trabajadores de su despacho, sobre los cobros de montos correspondientes a sus salarios que se realizaban a través de un asesor de la parlamentaria.
A Magaly Ruiz, por su parte, se le denuncia por los cobros en los que habría incurrido a través de un asesor de su despacho, en perjuicio de sus trabajadores. La denuncia, propalada por ‘Punto Final’, mostró a un trabajador de la oficina de la congresista que reveló que se le obligaba a dar a esta parte de su sueldo mensualmente.
En cuanto a Rosio Torres, compañera de bancada de Ruiz, la denuncia difundida por el mismo programa televisivo dio cuenta de depósitos de dinero por parte de trabajadores de su despacho a un sobrino suyo.
La investigación a Katy Ugarte, responde a lo señalado en un programa periodístico televisivo sobre presuntos recortes de sueldo a sus trabajadores, disfrazados de aportes voluntarios. En este informe se señaló que una persona de confianza de la legisladora cusqueña se hacía cargo de esos cobros.
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