Junto a Betssy Chávez y otros exministros, deberán pagar reparación civil de casi S/ 68 millones.
El juez supremo Juan Carlos Checkley ordenó que la Procuraduría General del Estado se constituya como actor civil del proceso seguido a Pedro Castillo por el golpe de Estado de diciembre de 2022. Esto incluye un pedido por eventual reparación civil de casi S/68 millones, y el embargo de bienes al exmandatario y a su exasesor Aníbal Torres.
El magistrado supremo estableció que la PGE al argumentar una pretensión provisional al estar en etapa preliminar sí puede acceder a participar como parte agraviada en el caso.
Reparación civil pide Procuraduría
Se había solicitado que Castillo, Betssy Chávez, Willy Huerta, Roberto Sánchez y Aníbal Torres compensen al Estado en forma solidaria, ante una eventual condena. A este último se le solicitó el embargo de un departamento en la calle Los Eucaliptos, en San Isidro (valorizado en 236,800 dólares), y de un sótano y un estacionamiento (US$ 15,000).
El expremier se allanó al levantamiento de las comunicaciones de su equipo celular, incautado durante el allanamiento a su vivienda.
“Tiene en su poder su celular, antes estaba en manos de la Fiscalía cuando el allanamiento a su casa, pero supongo se hizo copia espejo, que ellos llaman al equipo y posteriormente fue aprobado para que se levante la información contenida en el teléfono”, dijo Duberlí Rodríguez, abogado del procesado.
Reviewed by Diana Chuquiruna Lozada
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julio 06, 2023
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