El caso “La Gran FA” y sus conexiones políticas

Daniel Yovera

Una investigación fiscal y un golpe policial desbarataron una organización presuntamente dedicada a la minería ilegal y al sicariato en La Libertad. El caso no solo compromete a personajes menores de esa región, sino que ha rozado a parte del entorno de César Acuña y revela ramificaciones que podrían llegar al Congreso. Documentos fiscales y judiciales y fotografías abren una caja de pandora.

En octubre de 2023, un operativo policial sacudió la región La Libertad, gobernada por César Acuña Peralta. Los principales diarios de la capital regional, Trujillo, dieron cuenta de la detención de veintiocho personas, entre ellas, seis policías, por integrar una presunta organización criminal denominada “La Gran FA”, dedicada, según los cargos, a la minería ilegal y al sicariato en la provincia de Otuzco.

No obstante el despliegue mediático en Trujillo debido a la implicancia de un coronel de la Policía y un exgerente del gobierno regional, el caso tenía inicialmente una dimensión regional.

Posteriormente fueron liberadas diecinueve personas y nueve se mantuvieron en prisión. La lógica indica que el caso tendía a debilitarse, pero no es así.

Menos de un año después, empezaron a asomar presuntos contactos, en el Congreso y presumiblemente en el entorno de César Acuña.

Los datos recopilados por la fiscal de Crimen Organizado de Trujillo, Jennifer Ludeña Meléndez, que incluye escuchas telefónicas legales, vigilancias de inteligencia y declaraciones de colaboradores eficaces y testigos bajo reserva, indican que la dimensión del caso es mayor.

Algunos de los principales investigados por pertenecer presuntamente a “La Gran FA” –involucrados en el negocio de la minería informal de carbón antracita para uso industrial– o sus abogados, han llegado a vincularse en mayor o en menor medida con congresistas de la República conocidos por impulsar proyectos en favor de la minería informal.

Las evidencias de este caso están contenidas en la disposición fiscal de formalización de investigación preparatoria, del Cuarto Despacho de la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Trujillo, de 1,300 páginas, y en la resolución de detención preliminar del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, de 544 páginas, que Epicentro Tv resume a continuación.

Un congresista “naranja”

Víctor Seferino Flores Ruiz es un congresista de Fuerza Popular que representa a La Libertad y que forma parte de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso.

Congresista Víctor Flores Ruiz, de Fuerza Popular.

En La Libertad es conocido, entre otras cosas, por haber presentado, en diciembre de 2021, un proyecto de ley para crear en Trujillo el “parque industrial minero - carbonero”, un gran centro de acopio de decenas y cientos de toneladas de carbón antracita. En 2021, en la provincia de Otuzco y otros puntos de la región se extrajeron 2,600 toneladas del mineral como informó en octubre pasado "Hildebrandt en sus Trece".

En Otuzco se encuentra el poblado El Lajón, el centro de operaciones y de producción de la organización “La Gran FA”.

Según la denuncia que motivó la intervención de la Fiscalía, en El Lajón hay más de setenta socavones y más de 250 trabajadores. El material que se extrae es transportado entre setenta y  cien camiones que realizan el recorrido hasta Trujillo, con la presunta protección de efectivos policiales hoy investigados.

El mismo mes en que el congresista Flores presentó su proyecto de ley, el presidente de la comisión, Jaime Quito Sarmiento, pidió opiniones al Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de la Producción y el Gobierno Regional de La Libertad.

El gobierno regional, bajo el mandato de Manuel Llempén, de Alianza para el Progreso (APP), opinó favorablemente. En cambio, en marzo de 2022, el Minem y Produce señalaron que el proyecto “no es viable”.

Pese a ello, el 30 de mayo de 2022, la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso aprobó el dictamen, y su pase al pleno aún está en suspenso.

Ese es el contexto.

Flores, cabe aclarar, no es parte de la lista de investigados por la fiscal de Crimen Organizado, Jennifer Ludeña, pero su nombre figura en el voluminoso legajo que autorizó la detención y el allanamiento de setiembre de 2023.

Según los documentos de fiscalía y juzgado de Trujillo, el 16 de marzo del año pasado, dos investigados por “La Gran FA” –Marco Antonio Loyola Meléndez y Paul Vicente Valverde López– conversaron por teléfono sobre asuntos relacionados con  un “proyecto” y  un “congresista”.

Una agente especial de la Diviac, de apelativo “Mariposa”, dio cuenta de la conversación telefónica sostenida entre ambas personas:

“El primero de los nombrados le pregunta a Valverde si realmente estaban interesados en el proyecto que se estaba impulsando y que no se preocupen porque no les van a pedir dinero en ese momento, refiriéndole que los asesores, el grupo de trabajo y el mismo congresista que Valverde había conocido, le habían estado haciendo preguntas y no sabía cómo responder, por lo que quería gestionar una reunión entre Paul Valverde y ellos para que le expliquen cómo son las fases que siguen, ya que el proyecto está prácticamente para que firmen, solo que no han querido avanzar porque no tenían noticias de ellos”.

El tenor de la llamada telefónica continuó, de acuerdo con el informe de la agente, con la consulta de si “querían que se siga haciendo la implementación” del proyecto:

“Refiriendo, además, que el reconocimiento de los gastos se hará contra resultados porque el proyecto lo estaban sacando con nombre propio, a lo que Paul le pregunta si el proyecto ya está aprobado, a lo que Marco Loyola le responde que no, indicándole que lo llamaría por whatsapp”.

Página 260 de la resolución judicial: la llamada telefónica.

Para la Fiscalía, el referido “proyecto” no es otro que el proyecto de ley ya convertido en dictamen que presentó el congresista fujimorista Víctor Flores Ruiz en diciembre de 2021.

e se siga haciendo la implementación” del proyecto:

“Con lo que se acredita el apoyo que recibe la organización criminal ‘La Gran FA’ incluso desde el Congreso de la República con la elaboración de proyectos de ley que tienen como único fin favorecer las actividades ilícitas de la organización criminal, previa coordinación entre sus integrantes, como es el caso de Marco Antonio Loyola Meléndez y Paúl Vicente Valverde López”.

Para la Fiscalía, “La Gran FA” recibía apoyo desde el Congreso.

Para este informe nos comunicamos con el congresista Víctor Flores. Inicialmente, respondió nuestro mensaje de whatsapp, pero cuando le dijimos de qué se trataba y cuál era el tema, no volvió a responder más los mensajes y las llamadas que le hicimos.

“El Doc”

Otro de los investigados por la Fiscalía se llama José Alfredo Huamán López. De acuerdo con el Testigo en reserva 1507-2022, su función en la organización habría sido la de “contactar y sobornar a policías de las comisarías de Callanca y Otuzco, de Carreteras y al comando policial de la Región Trujillo”, para lo cual “destinarían… S/ 60,000 mensuales. También contacta a autoridades y funcionarios de la Gerencia de Minas del Gobierno Regional de La Libertad para que no fiscalicen sus actividades ilícitas y hace los contactos políticos”.

Entre sus presuntos contactos políticos, hay uno que la Fiscalía ha destacado por su relevancia en el mundo político liberteño: Óscar Acuña Peralta.

 el referido “proyecto” no es otro que el proyecto de ley ya convertido en dictamen que presentó el congresista fujimorista Víctor Flores Ruiz en diciembre de 2021.

e se siga haciendo la implementación” del proyecto:

“... como el del alcalde distrital de Huaranchal, Marco Antonio Castañeda Paredes, (que) lo llevó a al local de Alianza para el Progreso, ubicado en la calle Martínez de Compañón N° 836 - 850 – distrito de Víctor Larco – Trujillo, con los mineros ilegales, quienes se reunieron con Óscar Acuña Peralta, hermano del César Acuña, el 27 o 28 de octubre del 2022”.

Momento en que la Fiscalía menciona a uno de los hermanos de César Acuña Peralta.

Óscar Acuña, hermano de quien es gobernador regional de La Libertad y líder de APP, es coordinador regional de dicho partido desde abril de 2021.

César Acuña y su hermano Óscar, coordinador regional de APP en La Libertad.

La reunión en el local de APP entre Óscar Acuña y quienes son denominados en  la resolución judicial como  “mineros ilegales” ocurrió, según dicha información, el 27 o 28 de octubre de 2022, tres semanas después de la victoria electoral de César Acuña.

La siguiente fotografía sería de aquella reunión. La persona señalada por la flecha de color naranja, de pie, al lado de Óscar Acuña, es José Alfredo Huamán López.

José Huamán López, señalado con la flecha, al lado de Óscar Acuña, con polo verde claro.

“No es cierto que el alcalde de Huaranchal los trajo, eso es mentira y lo podemos demostrar. Como yo soy responsable regional, vino una comitiva a decirme que querían invitar a César Acuña a inaugurar una posta médica que ellos habían construido, pero César no fue porque viajó al extranjero, y no fue nadie”, Óscar Acuña negó las afirmaciones contenidas en las resoluciones fiscal y judicial. "No es cierto que el alcalde de Huaranchal los trajo, eso es mentira y lo podemos demostrar. Como yo soy responsable regional, vino una comitiva a decirme que querían invitar a César Acuña a inaugurar una posta médica que ellos habían construido, pero César no fue porque viajó al extranjero, y no fue nadie”, señaló en diálogo con Epicentro Tv.

También negó que se trate de algún interés por el dinero que produce la minería informal. “¿Por qué vamos a pedir dinero nosotros? César Acuña no necesita dinero para su campaña. No van a encontrar nada porque nosotros no estamos metidos en eso”, dijo.

José Huamán López es, según su cuenta de Linkedin, director gerente general de Corporación Aurífera de Ongón-Pataz SAC y de Corporación Carbonífera del Alto Chicama SAC.

Registra varias visitas al Congreso, pero solo en el actual Legislativo ha visitado en tres ocasiones al congresista de Renovación Popular Esdras Medina, los días 6 y 15 de setiembre de 2021 y 20 de enero de 2022.

Medina, además de haber presidido la Comisión de Educación en la legislatura anterior, fue accesitario de la Comisión de Energía y Minas y de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, la que aprobó y convirtió en dictamen el proyecto de ley del congresista fujimorista Víctor Flores.

Congresista de Renovación Popular, Esdras Medina.

Huamán López también visitó al parlamentario Edgar Tello Montes, del Bloque Magisterial, el 7 de setiembre de 2021 y el 20 de enero de 2022, y a Kira Alcarraz Agüero, de Somos Perú, el 11 de febrero de 2022.

En los documentos del caso es considerado el “brazo legal de la organización”, y si bien inicialmente estuvo detenido por el caso “La Gran FA”, posteriormente fue excarcelado, bajo normas de conducta. En unos días se verá la apelación de su caso.

Epicentro Tv buscó entrevistar a José Huamán. Desde Trujillo, su abogado Elar Guillén Huancayo respondió que consultaría con su defendido esa posibilidad, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. “Por ahora hemos establecido una estrategia de defensa en la audiencia de prisión preventiva, que tuvo como resultado lograr que se declare infundada la pretensión del Ministerio Público, y en la actualidad estamos en audiencia de apelación de prisión preventiva”, comentó el abogado.

El asesor

Otro personaje al que la denuncia recogida por la Fiscalía señala como “brazo legal” y “brazo político” de la presunta organización es Adolfo Luis Valverde Calipuy, asesor de gremios mineros desde hace varios años.

Adolfo Valverde Calipuy, con saco azul y camisa blanca, en masivo encuentro de mineros artesanales (Facebook de Adolfo Valverde).

Valverde no está investigado en este asunto y sobre él no pesa orden ni restricción alguna. La fiscalía de crimen organizado ha archivado la investigación sobre él por falta de indicios. No obstante, No obstante, la disposición fiscal y la resolución judicial del caso lo mencionan en varios pasajes.

Por ejemplo, en las páginas 208 y 209, la orden judicial de detención y allanamiento consigna la declaración que dio el 24 de enero de 2023 el Testigo con código de reserva 1507-2022:

“Su función (de Adolfo Valverde Calipuy) es el brazo (sic) político de la organización a fin (sic) al Partido Perú Libre, Partido Comunista, y es contacto en la ciudad de Lima para acceder de los ministerios del Interior y de Energía y Minas, para lo cual solicita dinero a la organización para que pueda recibir el apoyo de las autoridades limeñas, para que nos los fiscalicen y no los intervengan paralizando sus labores mineras”.

Pasaje de la resolución judicial sobre el presunto rol de Adolfo Valverde Calipuy.

“Eso es totalmente falso”, respondió por teléfono Adolfo Valverde, desde Trujillo.

Valverde Calipuy (casaca celeste y anteojos), junto con dirigentes mineros en el despacho de Waldemar Cerrón (Facebook de Adolfo Valverde).

Las páginas 177, 178, 326, 363 y 418 de la resolución del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, señalan como parte de los “elementos de convicción” una denuncia verbal que indica:

“Esta organización tiene como lugartenientes a Rosmer Esteider Alfaro Villarreal (a) ‘El Ñoño’, Brismer Stalyn Rojas Alfaro (a) ‘Loco Ñoño’, Wiman Luis Pelaez García (a) ‘Wiman’, Keila Maily Pélaez García y Jesús Fernández Yupanqui, quienes manejan un grupo de aproximadamente 30 personas armadas con fusiles de asalto, escopetas, dinamita, pistolas y realizan el cobro en una garita ilegal de un cupo para pagar al brazo armado de la Organización. Asimismo, quien se encargaría de conectar a la organización con autoridades, tales como La Fiscalía de Medio Ambiente (y) Policía Nacional del Perú, serían las personas identificadas como José Alfredo Huamán López y Adolfo Luis Valverde Calipuy, quien se encarga de recaudar y entregar grandes bolsas de dinero a diversos funcionarios a nivel policial y a nivel de la Gerencia Regional de Energía y Minas; con la finalidad de que estas autoridades dejen desarrollar las actividades ilícitas que viene desarrollando la organización sin fiscalización y control alguno”.

Otro pasaje de la resolución judicial que menciona a Adolfo Valverde Calipuy.

“Eso es totalmente falso, es una exageración, una especulación, no hay nada que se haya corroborado o que el testigo haya probado, pero tampoco es verdad. Es categóricamente falso”, dijo Valverde.

La resolución también da cuenta de una comunicación telefónica sostenida el 30 de abril de 2023 entre los investigados José Agustín Arteaga López –considerado el presunto “hombre clave” de “La Gran FA”– y Elmer Roberto Niquin Vidal, quienes se muestran presuntamente preocupados porque la policía les había incautado un vehículo:

“(Niquin Vidal) le indica a Agustín que ya no se puede hacer nada ya, y que al carro lo han centrado y su madrina, la doctora, al parecer está detrás, y lo que se puede hacer es con la fiscal de abajo, directo, el Valverde al parecer la conoce, la Patricia, Patricia se llama, hay que abrigarle la mano nada más, por lo que Agustín refiere que tendría que ser el abogado Calipuy, el Valverde Calipuy, afirma ‘Chalo’, porque él conoce a todos los fiscales, que le ofrezcan nada más me han dicho y al toque nada más le dan solución, es decir no dejarlo mucho tiempo porque si pasa a Energía Minas es un trámite largo”.

“Él conoce a todos los fiscales”.

El 30 de marzo de 2023, un contingente policial acompañó al equipo fiscal que investiga este caso al centro de operaciones de la presunta organización, El Lajón, en la provincia de Otuzco.

La Fiscalía describió el lugar como “un campamento minero”, en donde encontró a los investigados Melanio Arévalo Quiroz, Agustín Arteaga López –el presunto “hombre clave”–, Javier Honores Ulloa, y unas diez personas más, entre ellos, el asesor Adolfo Valverde Calipuy, quien se identificó como abogado de los anteriores.

“Yo llego a participar en una diligencia de verificación fiscal por hurto de mineral como abogado de Agustín Arteaga”, precisó Adolfo Valverde.

Reunión cumbre en Huanchaco

Un informe de la Diviac, del 20 de julio de 2023, informó a la fiscal Jennifer Ludeña sobre una reunión que se llevó a cabo entre dirigentes mineros dos días antes en el balneario de Huanchaco, Trujillo.

Según el informe, incorporado por la Fiscalía a la carpeta fiscal, participaron Pedro Tacanga Gómez, presidente de la Federación de Mineros Artesanales de La Libertad, José Torre Iparraguirre, presidente de la Asociación de Mineros Artesanales de Pataz, Adolfo Luis Valverde Calipuy, asesor de la Federación de Mineros Artesanales de La Libertad y de la Asociación de Mineros Artesanales de Pataz, entre otros.

Adolfo Valverde le dijo a Epicentro que también participaron los congresistas Eduardo Salhuana, de APP, y Guido Bellido, de Perú Libre.

Un agente policial de la Diviac se infiltró en dicha reunión y registró las intervenciones en tres audios. En su informe, precisó que “(los) temas (que se abordaron) fueron respecto a (sic) la formalización de los mineros que no cuenta con Reinfo y las consecuencias penales que puedan acarrear dicha omisión, conforme el siguiente detalle perennizado en tomas fotográficas y material fílmico”.

En el primer audio, según los documentos, se escucha que los asistentes piden no grabar ni filmar la reunión. Hablan de la formalización minera y mencionan al “doctor Valverde”.

“(El doctor Valverde es) un profesional que desde el 2008 viene en la lucha y que se ha puesto la camiseta de la formalización, él es el técnico que ha trabajado todas las mesas técnicas, acompañándonos para preparar la ley, ley de formalización minera, donde iban a participar el presidente de la Comisión de Energía y Minas, el ministro de Energía y Minas, la Dirección de Formalización Minera, el ingeniero (César) Acuña como presidente regional, con su gerente de Energía y Minas y sus congresistas”.

La referencia a César Acuña Peralta, a su gerente regional de Energía y Minas y a sus congresistas de APP era clara.

Referencia a César Acuña, a su funcionario regional y a sus congresistas.

La urgencia de los asistentes se debía –así se menciona– a que el 31 de diciembre de 2024 culminaría el proceso de formalización para todos los mineros informales y que, a partir de esa fecha, perderían todo, incluso, sus bienes.

“Nos queda prácticamente menos de un año para aprobar esa norma y tendrían la formalización permanente, asimismo, mencionó que al Congreso tenemos que aprovechar, nosotros somos las víctimas de los políticos porque generamos el dinero y los políticos se reparten, encima, para que hagan normas que nos culminen a todos, añadió que la mayoría de mineros están denunciados por lavado de activos y estamos en la Diviac, ya estamos en todo y en su momento van a ver (sic) capturas, detenciones, pérdida de dominio, nos van a quitar nuestro trabajo”.(Las negritas son nuestras)

En el segundo audio se escucha que toma la palabra el dirigente José Torre Alva, quien refirió que lo que trabaje Valverde “pasará al pleno del Congreso y lo tendrá que aprobar”.

“Si eso se aprueba, nuevamente podemos hacer nuestras actividades normalmente, pero (para) ese trabajo que se va a dar tiene que viajar el doctor, mi persona (a) hacer el seguimiento, tenemos que acompañar a nuestro asesor, y cuando llegue al Congreso y se tenga que aprobar, debatir esa norma, tenemos que cumplir nosotros, ustedes como mineros como tienen que cumplir, tenemos que salir a presionar para que lo aprueben, si esa norma no se aprueba, no tenemos un dispositivo legal para hacer nuestras actividades. Qué significa eso, que todos los que tenemos Reinfo y estamos en proceso vamos a caer”.

Un dirigente minero menciona el trabajo que haría el asesor Valverde en el Congreso.

Esa no habría sido la única reunión en Huanchaco. El semanario "Hildebrandt en sus Trece" dio cuenta semanas atrás de una cumbre de dirigentes mineros informales similar, ocurrida en noviembre de 2021.

Recientemente el Congreso aprobó de forma exprés y sin dictamen un proyecto del congresista Guido Bellido que terminó derogando la norma que establecía como fecha límite para la formalización el 20 de marzo último y que facultaba a la Policía a intervenir a quienes a partir de entonces, sin estar formalizados, tuvieran en su poder material explosivo.

Además, permanentemente el presidente del Congreso, Alejandro Soto, pone en agenda los proyectos de ley de las bancadas de Avanza País, Perú Bicentenario y Acción Popular, para reabrir el Reinfo, un hecho que, de acuerdo con el experto César Ipenza, “disfraza a los mineros ilegales como informales para que puedan tener impunidad frente a las fiscalías de delitos ambientales”.

El asesor de los gremios mineros informales, Adolfo Valverde, ha sostenido diversas reuniones con congresistas que suelen impulsar estas iniciativas.

“Yo asesoro en el proceso de formalización minera y en el camino se han generado prórrogas en dicho proceso. Abordamos la posibilidad de que se pueda dar impulso a un proyecto de ley que amplíe el plazo del proceso de formalización, del 2022 al 2024”, señaló en diálogo con Epicentro Tv.

Alfredo Valverde Calipuy y el congresista Guido Bellido, en el despacho de éste (Facebook de Adolfo Valverde).

La lista de reuniones y visitas del asesor Valverde en el Congreso no es corta. En el actual Legislativo, el lugar al que más ha arribado es al despacho del congresista y vocero de APP, Eduardo Salhuana.

Alfredo Valverde Calipuy y Eduardo Salhuana, en foto de archivo (Facebook de Adolfo Valverde).

Otro de los que han visitado a Eduardo Salhuana es Pedro Tacanga Gómez, uno de los que dirigieron  la reunión en el balneario de Huanchaco.

Para Valverde Calipuy no hay ningún conflicto en reunirse con estos parlamentarios. “Así como la gran minería, a través de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, se reúne con congresistas, nosotros también lo hacemos, lo hacen todos los sectores económicos del país. Cuando hacemos una gestión vamos a la bancada fujimorista, a la bancada apepista, a todos los partidos, no es que frecuentamos a uno o dos congresistas”, señaló.

La persona que denunció originalmente el caso “La Gran FA” es el exconsejero regional de La Libertad Greco Quiroz, quien perteneció a APP y al que renunció alegando que el líder máximo y gobernador regional, César Acuña, “no ha hecho nada” para detener el millonario negocio del carbón antracita, que a diario moviliza entre setenta y cien camiones, desde El Lajón, en Otuzco, hasta Trujillo.

Quiroz le dijo a Epicentro Tv que “La Gran FA” quiere decir “La Gran Familia”. Es posible que se refiera a la “gran familia” que moviliza un enorme negocio minero que aún no está formalizado y que nadie, excepto una fiscal, pareciera querer investigar.