Y en promedio salen 22 volquetes con una carga de hasta 30 toneladas de mineral todos los días, sumando 3,417 volquetes entre el 1 de setiembre de 2023 y el 1 de febrero de 2024.
Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto, analizó la situación de la minería ilegal en el Perú y señaló a Pataz, región La Libertad, como una de las principales zonas que afronta ese problema en torno al oro. Indicó que en dicha provincia existen más de 30 plantas de beneficio o tratamiento de mineral que operan ilegalmente y en promedio salen 22 volquetes con una carga de hasta 30 toneladas de mineral todos los días, sumando 3,417 volquetes entre el 1 de setiembre de 2023 y el 1 de febrero de 2024.
“En el caso de Pataz, vemos que ahí los actores van hacia los acopiadores que se encuentran en Trujillo, Chimbote, hasta Huarmey, incluso hay conexión por la Panamericana Sur al eje del sur, como Nazca, donde se encuentran muchas de las plantas de transformación”, apuntó respecto al proceso de comercialización del oro.
En el evento organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Castilla precisó que utilizaría el término de minería no formal. “Hoy es muy tenue la diferenciación y mucha de la minería informal se podría decir que es ilegal, pero estrictamente hablando hacemos esta digresión para plantear lo más objetivamente posible esta definición”, explicó.
De acuerdo con el estudio realizado con Videnza Instituto, dijo que han identificado cinco ámbitos territoriales de minería aurífera no formal en donde se intersectan dos características: por un lado, la alta cantidad de derechos mineros registrados en el Reinfo (vigentes o suspendidos) y, por otro, la prevalencia de minería ilegal e índices de alto nivel de inseguridad.
Los resultados revelaron que esos ámbitos son Pataz, Piura (zona norte limítrofe con el Ecuador), Madre de Dios, Puno y la costa sur, que abarca parte de Arequipa. Muchos distritos de dichos territorios presentan, aunque no de manera homogénea, bajo Índice de Desarrollo Humano (IDH), mayor pobreza y déficit de acceso a servicios básicos, como electricidad y saneamiento.
Para atender la situación en esas zonas y hacer frente a la minería ilegal, que desencadena una serie de problemas, Castilla brindó algunas recomendaciones.
“Se requieren estrategias explícitas de desarrollo regional lideradas por el sector minero y un abordaje integral para la minería no formal, adecuadas a la realidad de cada territorio. También poner mayor énfasis en los puntos de transformación, un sistema de trazabilidad del oro es clave. Y urge acabar con el REINFO como instrumento que da legalidad a actividades criminales”, apuntó.
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