Inseguridad en Sánchez Carrión sigue incrementándose y autoridades no son escuchadas

 

Autoridades de Sánchez Carrión no logran ser escuchados en el Gobierno Regional, ni en el Ejecutivo al no ser incluidos en la nueva ampliación del estado de emergencia. Mientras tanto, aumentan los ataques a empresas y la extorsión. 

Huamachuco. Mientras las indecisiones de las autoridades se suceden día tras día, en las provincias mineras de Pataz y Sánchez Carrión las acciones criminales aumentan a diario. 

El último ataque a la minera Poderosa demuestra que las fuerzas del orden están acorraladas por las organizaciones criminales que operan en esa zona. Esta violencia se repite una y otra vez en Pataz. La empresa minera y los pobladores se han visto desbordados por la cantidad de delincuentes que manejan armamento de largo alcance en la localidad.  

Si bien el Ejecutivo oficializó la ampliación de la declaratoria de estado de emergencia por inseguridad ciudadana en Pataz, esta no ha servido de nada y las organizaciones delictivas están expandiendo su accionar hacia otras zonas mineras del ande liberteño. 

En la ciudad de Huamachuco (Sánchez Carrión) es por demás evidente el incremento de la delincuencia y de secuestros. También amenazas a negocios locales por gente procedente de Pataz. Con 33 efectivos policiales asignados al distrito, es complicado enfrentarlos. Más aún si se confirman los nexos entre algunos malos elementos de la policía con las mafias de la minería ilegal. Y sus acciones se extienden a Quiruvilca (Santiago de Chuco) donde se capturó a mineros ilegales con equipos que superan los S/ 262 mil soles. 

En reiteradas oportunidades el alcalde provincial de Sánchez Carrión Santos Ruiz Guerra, las rondas y empresarios solicitaron la declaratoria de emergencia ante el temor que esta provincia se convierta como Pataz tras el violento ataque de los mineros ilegales en Coigobamba. Como se recuerda, los delincuentes que se esconden en el bosque Polo arrojaron dinamita a la unidad minera de Summa Gold Corporation y dispararon contra su personal con armas de largo alcance. 

Al respecto, el gerente general de Summa Gold Corporation, Jaime Polar Paredes también se pronunció e indicó que han venido solicitando la declaratoria de emergencia desde hace dos años. “Durante el reciente CONAMIN 2024, realizamos una exposición que incluyó las acciones que hemos venido realizando en contra de la minería. Hemos informado a las entidades regionales, a las fiscalías de Medio Ambiente y hace unos días al mismo ministro del Interior. Si no se toman las medidas inmediatas, Huamachuco se convertirá en un nuevo Pataz. No hacen falta más pruebas. Lo visto hace dos semanas en nuestra concesión demuestra el avance de la minería ilegal en la zona”, sostuvo. 

Sus pedidos no han sido escuchados ni por el Gobierno Regional La Libertad,  ni por el Gobierno Central. La provincia de Sánchez Carrión no fue incluida en la nueva ampliación del estado de emergencia declarada para Trujillo y Pataz. Medida que incluyó a la provincia de Virú. 

¿Negocios municipales con la ilegalidad?

En un informe periodístico señalan que las empresas Corporación Bi-Reyes del Perú S.A.C. y Empresa Constructora y Servicios Generales Reyesed S.A.C. tienen, al parecer, una especial llegada con la Municipalidad Distrital de Sartimbamba en la actual gestión del alcalde Robert Arteaga Contreras.

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) ha indicado que los accionistas de la Corporación Bi-Reyes del Perú S.A.C., son los hermanos Edgar Edwin Reyes Ríos y Luis Miguel Reyes Ríos, este último vinculado directamente a la minería ilegal y socio del pastor evangélico Oswaldo Alva Polo, dueño de la planta de procesamiento de minerales Auríferos Alva y se le investiga por los presuntos delitos de minería ilegal, contaminación y homicidio culposo.