Entre 80 mil a 100 mil migrantes y refugiados hay en La Libertad, principalmente de nacionalidad venezolana.
En reunión con representantes de la ONG HIAS en Perú (Sociedad Hebrea de Ayuda al Migrante) y el alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, se adelantó la posibilidad de establecer un convenio para articular un plan de acciones en favor de la población inmigrante y refugiada.
César Alva, coordinador territorial de HIAS, precisó que esta es una organización no gubernamental que trabaja con población migrante y refugiada ayudando en su inserción, tanto en el tema de medios de vida, protección social y protección legal.
Hemos venido a presentarle la problemática de la situación de los niños, niñas, refugiados, migrantes y de la comunidad de acogida, y en el marco de los servicios con los cuales nosotros contamos encontrar puntos de acuerdo con la municipalidad para generar un convenio que permita articular tareas en favor de la población, dijo.
Según explicó, ofrecen servicios de protección a la niñez, de mitigación y respuesta a la violencia basada en género, salud mental, apoyo psicosocial y trabajan en temas de empleabilidad y emprendimiento para la inclusión económica.
Estiman que hay entre 80 mil y 100 mil personas refugiadas y migrantes residiendo en la región La Libertad, de la que el 85% vive en la provincia de Trujillo y el 30% de la población total es población menor de 17 años.
Esta articulación busca garantizar la protección de los niños, que puedan tener los cuidados parentales debidos, que puedan acceder a derechos básicos como salud y educación y que tengan una tutela formal ya que hay niños, niñas que no viven con los padres, están con los tíos, las tías y las abuelitas.
HIAS proporciona servicios a refugiados e inmigrantes y promueve la integración de los desplazados en las comunidades de acogida garantizando su seguridad y libertad, proporcionando. Según la estadística que manejan, el Perú alberga a más de 1 millón de refugiados y emigrantes de Venezuela, lo que representa casi el 20% de la población que abandonó ese país desde el año 2018.
En nuestro país muchos venezolanos están en situación irregular, lo que se traduce en acceso limitado a servicios esenciales como salud o educación y restringe su inserción laboral formal, lo que los vuelve vulnerables, principalmente a los menores de edad y personas de la tercera edad; y en el caso de las mujeres a trata de personas, explotación y abuso sexual.
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