Pataz y Trujillo permanecen bajo estado de emergencia: estas son las razones del Gobierno

 

PNP y Ejército refuerzan acciones de seguridad.

El gobierno de Dina Boluarte decidió extender el estado de emergencia en las provincias de Pataz y Trujillo, en la región de La Libertad, debido al alarmante incremento de la criminalidad en estas zonas.

La medida se oficializó a través de los decretos supremos 069-2024-PCM y 071-2024-PCM, publicados en el Diario Oficial El Peruano, que prolongan por 30 días más el régimen de excepción.

En Pataz, el Ejecutivo justificó la prórroga señalando la persistencia de problemas relacionados con la minería ilegal y el crimen organizado. La región viene siendo escenario de atentados contra instalaciones estratégicas y otros delitos conexos. Este panorama de inseguridad reforzó la intervención de las fuerzas del orden, aunque parece todavía no dar los resultados esperados.

Trujillo, por su parte, enfrenta un alto índice de homicidios, lesiones, robos, extorsiones y secuestros. La capital liberteña se convirtió en un foco de delitos que perturban gravemente el orden interno, motivando al Gobierno a mantener la medida excepcional para intentar controlar la situación y proteger a la ciudadanía.

La intervención de las fuerzas del orden en ambas provincias seguirá el marco establecido por el decreto legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas. Estas instituciones se rigen por normas específicas que aseguran la legalidad y proporcionalidad en sus acciones.

Atención por sucesos en Pataz y Trujillo

Un suceso que marcó la necesidad de mantener el estado de emergencia en Pataz fue el ataque del 5 de abril, cuando mineros ilegales y criminales detonaron dos torres de alta tensión de la empresa Minera Poderosa. Este acto no solo causó graves daños materiales, sino que también resultó en la muerte de una persona y dejó heridas a otras dos, evidenciando la gravedad de la situación.

En ese entonces, la declaratoria de emergencia en Virú también se debió a un notorio incremento en los delitos de extorsión. El Gobierno consideró esta situación como una amenaza significativa para la seguridad y el orden público, y tomó medidas similares para frenar la ola de criminalidad.

Si bien el compromiso del Gobierno es claro: proteger a la ciudadanía y restaurar la paz y el orden en estas provincias afectadas por la criminalidad, los índices de criminalidad no parecen descender.