En esta edición, “Visión Quiruvilquina”, recopila una investigación realizada por el periodista Daniel Yovera de “Epicentro Tv” que revela actividades de minería ilegal y hasta narcotráfico en la frontera de Perú – Colombia, informe que ha puesto en el ojo público no solo la nula política de estado en cuanto a estas actividades ilícitas que generan ingentes sumas de dinero, sino que también evidencian tramites dolosos y entregas de concesiones dudosas en zonas que se supone deberían tener la protección del gobierno, áreas donde el crimen organizado se ha posicionado extendiendo sus tentáculos hasta donde se lo sigan permitiendo.
Cotuhé: la frontera olvidada”, muestra que en los límites amazónicos pertenecientes a una extensa concesión para conservación se ha instalado una actividad que está talando áreas de bosque para sembríos de hoja de coca, en aparente conexión con actividades de extracción de oro con dragas en el río Cotuhé. La investigación recoge alertas de incursión de organizaciones criminales colombianas que operan en ese ámbito geográfico.
Cotuhé, quizá muy pocos han oído este nombre en el Perú. Un bosque inaccesible y lleno de biodiversidad en una de las zonas orientales del departamento peruano de Loreto, con un río apenas observable en el mapa, llamado también Cotuhé, que surca su espesura. Desde el aire, la calma se rompe cuando llegan a la línea de frontera con Colombia, pues hay indicios de actividades ilícitas, como narcotráfico y minería ilegal.
Ahí, a más de 330 kilómetros de la ciudad de Iquitos, lejos de todas las miradas y todos los controles, se ha instalado un frente de deforestación para el sembrío de hoja de coca y otro para la extracción de oro con dragas en este río, que sigue su curso sinuoso hasta desembocar en el río Putumayo, en la Amazonía colombiana; un negocio grande.
Aunque no lo parezca, la zona es parte de una enorme concesión para fines de conservación e investigación que, por contrato y por ley, debía contar con protección, sin embargo, por años el lugar estuvo abandonado a su suerte por el Estado y por los privados que debieron cuidarla. Tal como en el Yavarí, en la frontera con Brasil, aquí en la frontera con Colombia el Cotuhé se ha convertido en otro punto de frontera echado al olvido, en donde las mafias están avanzando.
A fines del año 2021, el entonces fiscal especializado en delitos ambientales de Iquitos, Yusen Carazas, fue alertado por el procurador público del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán, de posibles actividades criminales en el extremo oriental del departamento de Loreto, específicamente en la zona ribereña del río Cotuhé, donde se detectaron la presencia de cultivos ilícitos de hoja de coca, lo que hacía presumir que organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas se asentaron en el lugar para proporcionar el insumo básico de la elaboración de estas drogas. El área es parte de una extensa concesión para conservación e investigación también llamada Cotuhé, por lo tanto, está protegida por ley y no admitía actividad extractiva alguna.
Tras sobrevolar la zona para constatar la denuncia del procurador, Carazas Atoche abrió investigación por crímenes ambientales contra la persona que desde hacía trece años era titular de la concesión, por tenerla en abandono, permitir el ingreso de posibles mafias y no alertar de ello a las autoridades.
A inicios de 2022, Epicentro Tv entrevistó a Yusen Carazas en la Fiscalía de Iquitos, para quien existía la presunción de que en esa zona se realizaba tráfico de drogas, aunado a ello el delito de contaminación ambiental propiamente de la minería ilegal, dragas, además de establecer la existencia de doce lugares deforestados, de bastante data; “esto es algo que nos tiene muy inquietos y muy preocupados porque, al parecer, acá se está realizando algún tipo de actividad ilegal; no podemos establecer lo que tenemos, objetivamente, de unas fotografías, pero al parecer son hojas de coca que aparentemente están en proceso de secado y en las imágenes se puede ver a una persona que se está dedicando al trabajo” alertó en ese momento.
Imagen de posibles hojas de coca en proceso de secadoSe trata de indicios de una posible economía ilegal, que se movería en esa parte de los territorios peruano, colombiano e incluso brasileño; en el Perú, poco se conoce de la zona, en Colombia en cambio hay más información, su defensoría del pueblo sistematiza alertas en áreas conflictivas y Cotuhé es parte de su radar.
Una alerta temprana advirtió de avistamientos de dragas en julio de 2023 en la frontera con Perú. Según el documento, en el año 2021 hubo un ciclo de alta cotización del oro en mercados nacionales e internacionales como consecuencia de la instabilidad económica derivada de la pandemia, lo cual generó un incremento sostenido de operaciones mineras en los ríos Caquetá, Puré, Cotuhé y Putumayo, mencionó también patrullajes de grupos ilegales cerca del río Cotuhé en dicho país.
El periodista colombiano Oscar Parra investiga los conflictos sociales y los problemas ambientales en el sur de su país y tiene preocupante información de lo que ocurre en la zona fronteriza, “estamos en un momento complejo en Colombia donde hay una mutación de los actores desarmados ilegales y además de las economías ilegales alrededor de la guerra en Colombia; estamos enfrentando no un proceso de crecimiento sino de consolidación de varios grupos que surgieron fragmentados de las antiguas FARC, yo creo que son grupos que eran de narcotraficantes por un lado, que no tiene nada que ver con las FARC, otros que surgieron a partir de algún mando medio y que fueron expandiéndose durante estos años y a lo que estamos viviendo en este momento es un enfrentamiento muy fuerte entre estos grupos por el control de estas economías”, acota el investigador periodístico colombiano.
Parra señala que en la parte sur de la amazonia de Colombia, hay dos grupos que se disputan el control de las rutas del oro y de la droga pero esa no es la peor noticia, “los grupos que están haciendo presencia fuerte en la zona, son el “cardenal Ramírez” y del otro lado, especialmente el que está en el borde de la frontera con Perú y que se extiende hasta la Amazonía es “comandos de la frontera”, organización que tiene una fuerza muy grande y que estaría relacionada con la organización de “comando Bermelio” además de otros grupos armados que delinquen en Brasil”, contó Parra .
Mientras tanto Yovera narra que, el lado peruano de Cotuhé es uno de los puntos más lejanos del país; entre dicha zona e Iquitos, la capital de Loreto, hay una distancia de 330 kilómetros lineales; para tener una idea, es la misma distancia entre Lima, la capital peruana y el departamento alto andino de Ayacucho. La agreste hidrografía de la Amazonía hace que llegar al punto de frontera de Cotuhé por vía fluvial sea una aventura de una semana, que implica descender por el río Amazonas hasta el poblado de Sao Antonio do Izá, en Brasil, luego, navegar aguas arriba hasta el río Putumayo, en Colombia, y recién entonces entrar al río Cotuhé, en dicho país, hasta ingresar al Perú. En avioneta, en cambio, eso tarda dos horas y media;
En mayo último nos dice Yovera, sobrevolamos por segunda vez el lugar para observar lo que estaba ocurriendo, ya había pasado un año y cinco meses desde la primera vez que llegamos, en la ruta, una de nuestras cámaras, dispuesta en la parte baja de la avioneta, graba la inmensidad del Parque Nacional Yaguas… El parque termina en este punto, donde empieza la naciente del río Cotuhé, en medio de pantanos y fuentes de agua inhóspitos… Más adelante, varias hileras de agua se van juntando hasta formar el cuerpo serpenteante que parece avanzar, al brillo del sol, a la misma velocidad de la nave.
Poco más de 75 kilómetros después, llegamos a la frontera. Aquí, asistimos a una actividad ilícita floreciente, que está talando el bosque y, en su lugar, como campos de juego, sembrando plantaciones de hoja de coca. Un panorama similar al que encontramos tres meses atrás en Yavarí, en la frontera con Brasil. En cada tajo abierto, hay producción de hoja de coca. En este punto, todavía hay troncos de árboles talados que no han sido retirados.
Cálculos actualizados de la ONG Proética, el capítulo peruano de Transparencia Internacional, indican que el área talada en el sector alcanza las 783 hectáreas. Hasta el 2021, según el Organismo de Supervisión de Recursos Naturales y Fauna Silvestre OSINFOR, la cifra alcanzó las 635 hectáreas. No es una tala masiva pero es la suficiente para producir buena cantidad de hoja de coca. La producción parece concentrarse en el lado peruano, en donde hay construcciones de madera con techos de calamina o de plástico, algunas con antena satelital y panel solar, a un costado atiborrados de bidones y cilindros con posibles insumos químicos que dan la imagen de ser almacenes en cuyas inmediaciones y al lado del río se ubican embarcaciones cargadas con bidones y baldes manipulados por hombres en pleno trabajo, mientras que en otras chozas, un tanto apartadas, se visualizan hojas de cosa en proceso de secado al sol.
Al frente, ya lado colombiano, se encuentra un asentamiento humano con más de medio centenar de viviendas con mejor infraestructura y hasta una pequeña cancha de fútbol con su pequeña tribuna, muy diferente a lo que en diciembre de 2022 hallaron, tajos de bosque con árboles recién talados, el destino de toda esta madera, prohibida para comercializar por ser de un área de conservación, es incierto.
¿Es este lugar el centro de actividades ilícitas? Para Julio Guzmán Mendoza, Procurador Público en Delitos Ambientales del MINAM, “es un caso muy particular porque, además, está en el vértice, es una zona bastante alejada, es una zona que podría tener problemas de ingreso de extranjeros en la zona”.
Procurador Público Julio Guzmán preocupado por actividades ilícitas que van en aumento en la zona Es cierto, ingresan por el río Cotuhé, por el centro poblado Buenos Aires al otro lado de la frontera, y desde esa zona, se facilita el ingreso de insumos para poder desarrollar estas actividades en nuestro territorio nacional.
Cotuhé está ubicado entre los dos parques nacionales más grandes de esta parte de la Amazonía. A la izquierda, el Parque Nacional Yaguas, en Loreto, y a la derecha, el Parque Nacional Amacayacu, en Colombia. Se trata de uno de los corredores biológicos más ricos en biodiversidad del mundo. El Parque Yaguas, en el lado peruano, es una gran alfombra verde, con sus casi 870 mil hectáreas, es, además, uno de los bosques con mayor capacidad de retención de dióxido de carbono. Fue creado como parque nacional en 2018, pero desde los años noventa ya estaba concebido como eje de este gran corredor de biodiversidad, que empezaba en las dos áreas de conservación regional de Loreto, ubicadas a su izquierda, y continuaban hasta la línea diagonal de la frontera con Colombia, en donde debía conectarse con su símil en ese país, el Parque Nacional Amacayacu.
Pero en el 2008, en el segundo gobierno de Alan García, algo cambió. Funcionarios de la época decidieron que entre Yaguas y Amacayacu, debía mediar un área de menor tamaño.
En mayo de ese año, un desconocido y singular personaje radicado en Lima, ingeniero forestal de profesión, Javier Salazar Carbajal, le solicitó al Estado que le adjudique en forma de concesión un área entre los parques Yaguas y Amacayacu de 224 mil hectáreas, la mitad del departamento de Tumbes.
Epicentro Tv ha documentado todo el proceso administrativo que el solicitante Javier Salazar Carbajal inició en 2008 ante el hoy desaparecido Instituto Nacional de Recursos Naturales, INRENA, donde se puede acreditar que no elaboró el proyecto de conservación e investigación presentado a esa instancia, no pudo sustentó cómo financiaría la conservación en un área de ese tamaño y por último, no conocía el lugar. En una entrevista dijo que nunca fue a la zona.
A pesar de ello, el INRENA aceptó su propuesta y le entregó en concesión durante cuarenta años las 224 mil hectáreas que solicitó, hasta hoy, las pocas personas que conocen el caso siguen sorprendidas, uno de ellos es César Ipenza, Abogado especialista en Derecho Ambiental quien sostuvo que “era medio extraña la adjudicación de una concesión de cerca de 250 mil hectáreas a un particular, y en ese tiempo nunca se sabía qué sucedía allí, quién era y cómo se gestionaba, en ese proceso de investigación vemos que la concesión no cumple el objetivo, más bien, todo lo contrario, sirve como una figura para facilitar o permitir actividades ilícitas en la zona”.
Pero el Procurador Julio Guzmán, va más allá, “se observa algo que es habitual, en este caso por lo menos, que es el poco interés que ha tenido el administrado a lo largo de estos años. No estoy hablando de este año, sino desde su interés por la concesión en el año 2008, pasando por etapas de abandono y de poca comunicación en las que él mismo da cuenta de la no notificación, presentando actos impugnatorios para revivir un expediente que, a todas luces, no era de interés de él”.
¿Quién es el hombre que durante quince años, y solo hasta hace poco, tuvo en sus manos la suerte de la concesión de Cotuhé?
En el 2008, Salazar, con 40 años, era asistente de Mantenimiento de Áreas Verdes de una universidad privada; carecía de fondos para un proyecto ambicioso en un territorio inmenso y lejano como Cotuhé. Aunque no lo consignó en el expediente, su interés trás del proyecto de conservación eran los bonos de carbono.
En el mundo, las grandes empresas que contaminan el medio ambiente buscan compensar el daño financiando iniciativas para proteger espacios naturales en otras partes del planeta, por ejemplo, los bosques amazónicos. Como los que administran estos espacios necesitan fondos para hacer conservación, emiten bonos, y las empresas contaminantes pagan por ellos. Cuanto más grande es un área, más dinero requieren. Los bonos de carbono, siendo una modalidad para conservar áreas protegidas, también son una oportunidad para hacer negocios. En Perú se habló por primera vez de bonos de carbono en el 2007, durante la gestión del primer ministro del Ambiente, Antonio Brack. El año siguiente, Salazar presentó su solicitud de concesión, reiteró la razón por la cual solicitó que le den el manejo de Cotuhé.
Javier Salazar Carbajal, Extitular de la Concesión de Conservación de Cotuhé, dijo en una entrevista con Epicentro Tv en diciembre de 2022, que existieron razones para que le fueran otorgadas las 224 mil hectáreas; la primera, era los bonos de carbono, que les permitía obtener ingresos con el simple hecho de mantener el bosque en pie, a mas extensión de área mayor beneficios. Pero, quien administraría esos bonos? Un titubeante Salazar manifestaba que no sabía y que recién estaba pensando cómo hacerlo junto al ingeniero Portocarrero. En otro momento de la entrevista, consultado por cómo fue que él o sus asesores técnicos elaboraron el expediente sin haber pisado nunca la zona, dijo que tenía entendido que se habló con algunas personas buscando la manera de poder conseguir información y que siendo honestos, tampoco es que se hiciera un trabajo desarrollado, y que personalmente no guardaba archivo de informes de resultados de las entrevistas, pero que tal vez Portocarrero podría conservarlos.
¿Javier Salazar actuó solo cuando buscó tener el control de Cotuhé? Es importante ubicar los hechos nuevamente en el 2008, cuando acudió al INRENA.
El viernes 30 de mayo del 2008 Salazar presentó su solicitud al Instituto de Recursos Naturales, INRENA, cuyo gerente general, hasta un día antes del ingreso de la solicitud era Miguel Rosas Silva, conocido militante aprista de asambleas y portátiles, muy allegado al entonces presidente Alan García y al brazo derecho y secretario de éste, Luis Nava Guibert. El área a cargo de evaluar y aprobar el expediente era la Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre, a cargo entonces del ingeniero forestal y abogado Rafael Ramírez Arroyo.
El 20 de octubre, la citada Intendencia opinó que la propuesta de Salazar demostraba su conocimiento del lugar, algo curioso, pues, Salazar nunca piso Cotuhé. En realidad, utilizó datos del parque colombiano Amacayacu y los extrapoló en Cotuhé.
Salazar Carbajal no tuvo reparo en asegurar que nunca fue a la zona de concesión y que para hacer el Plan de Manejo debía tener información que la consiguieron haciendo un sobrevuelo por el área y luego todo se trabajó en Lima.
El 27 de octubre la solicitud fue aprobada; el 30 del mismo mes, el intendente Rafael Ramírez Arroyo firmó la resolución de otorgamiento de la concesión; y el 11 de diciembre, Ramírez y el flamante concesionario firmaron el contrato de concesión por cuarenta años.
Ex intendente de INRENA Rafael Ramírez y Javier Salazar firmaron el contrato de Concesión de Cotuhé, hoy invadida por actividades ilícitasPero, ¿Cómo se puede aprobar algo así? La respuesta de Ramírez deja mucho que pensar,
“en el tema forestal no es una cosa poco común. El inventario nacional forestal, por ejemplo, hoy por hoy es un proceso que se está avanzando. Hace catorce años atrás era más exigua la información, o sea, los distintos tipos de concesionarios tampoco es que todos presenten propuestas de mucho contenido técnico”.
El gobierno de Alan García había decidido desaparecer el INRENA al final del 2008 y sus funciones ser transferidas a los gobiernos regionales de la Amazonía; por lo que la concesión de Cotuhé pasaba al control del Gobierno Regional de Loreto, que en el año 2009, solicitaron a Salazar el “Plan de Manejo”, equivalente a un expediente técnico, documento principal para iniciar sus labores de conservación. El primer plan presentado por Salazar fue rechazado por falta de información. Una nueva versión de ese plan presentada posteriormente, consignaba el nombre del autor del documento, el ingeniero forestal José Portocarrero Gallardo, la persona mencionada por Salazar en otros puntos. Este profesional era cofundador y subdirector gerente de una entidad privada llamada Asociación de Consultores y Profesionales Ambientales y Forestales del Perú, ACOPAF de la que también formaba parte como fundador y director gerente era Rafael Ramírez Arroyo, el otrora intendente del INRENA quien el año anterior aprobara entregara la concesión a Salazar.
Uno se pregunta: ¿la asociación no habrá estado detrás de esto, de esta posibilidad de negocio? Ramírez la rechaza, “La asociación, técnicamente está formada por muchos profesionales forestales, pero, económicamente, no tenemos la capacidad para asumir una cosa de este tipo, hubiera sido una locura. Yo también lo plantee así en su momento”.
El “Plan de Manejo” fue rechazado en más de una ocasión por el gobierno de Loreto, por ni tener información técnica sobre Cotuhé, carecía de trabajo de campo y no precisaba cuáles serían sus fuentes de financiamiento. Ese rechazo se prolongó hasta el 2015.
Loreto quería resolver el contrato con Salazar y en varias ocasiones le notificó sus observaciones al Plan de Manejo en el domicilio que él consignó, una vivienda ubicada en Mangomarca, distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. Pero nunca fue encontrado, ni siquiera cuando lo notificaron mediante edictos en diarios nacionales. En abril de 2015, el Gobierno Regional de Loreto resolvió el contrato.
El 26 de octubre de ese año, cinco meses después de la resolución del contrato, el hombre más buscado por las autoridades de Loreto reapareció, cuando el juez constitucional de Lima, Ricardo Chang Recuay, notificó al gobierno regional la demanda de amparo presentada por Salazar, alegando que las autoridades regionales habían vulnerado su “derecho constitucional al debido proceso”; el juez anuló todas las notificaciones a su domicilio y el gobierno regional se vio obligado a aprobar el Plan de Manejo.
Este mismo juez, tres años después, sería revelado y sentenciado como parte de la megared de corrupción de jueces y fiscales denominada “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
Pasó el tiempo y el gobierno regional le pidió a Salazar un Plan de Manejo actualizado. Allí volvió el sospechoso juego del gato y el ratón. Nuevamente, notificaciones en la misma vivienda y ningún rastro del titular de la concesión. Pese a todo el 21 de diciembre del 2015 el Plan de Manejo fue aprobado; Todo estaba listo para echar andar el proyecto de conservación. En ese momento, Salazar le cedió la concesión a la asociación ACOPAF. Fue una cesión a costo cero.
¿Hubo acaso un presunto conflicto? Ramírez Arroyo lo niega, y asegura que se debería tener muy claro los tiempos, dado a que la vinculación entre ACOPAF y la concesión se dio en el año 2015, sea de manera formal o no formal, el hecho es que el trato se dio en esa época, descartando todo tipo no hubo ningún tipo de sujeción. La cesión de la concesión a esa institución provocó otra etapa de entrampamiento por desacuerdos con la veracidad de un documento. En 2019, el Organismo de Supervisión de los Recursos Naturales y de Fauna Silvestre, OSINFOR, empezó a fiscalizar la concesión. A fines de 2021 la Fiscalía inició investigación contra Salazar y en agosto de 2022 éste renunció a su condición de concesionario.
Rafael Ramírez y José Portocarrero directores del ACOPAF coludidos para la concesión de Cotuhé.Terminaron así casi quince años de un círculo vicioso que sólo logró el abandono de una de las áreas más ricas en flora y fauna de la Amazonía, y que ahora está a merced del crimen organizado. Salazar no se siente responsable, para él, la culpa es solo del Estado.
El Procurador Público del Ministerio del Ambiente, aclaraba que el interés de Salazar era evidente, es decir, tener la concesión en papel, pero no ejercer ningún acto como concesionario al cuidado de esta área. Estos espacios geográficos brindan una serie de oportunidades; el aprovechamiento de recursos a través del sistema legal, que es el sistema de concesiones; el aprovechamiento de recursos a espaldas del sistema legal, aprovechamiento ilegal de los recursos, o algún otro elemento de interés económico que sea ajeno a los legítimos establecidos en los contratos de concesión.
En abril de 2023, antes de renunciar a la Fiscalía, Yusen Carazas formuló acusación contra Salazar por delitos ambientales, su reemplazo el fiscal Franco Gonzales Macedo explica que la imputación está sustentada contundentemente en informes técnicos sobre la existencia de pérdida de cobertura boscosa al interior de la concesión de conservación, que arriba a un aproximado de 600 hectáreas en un período de tiempo del 2018 al 2020, aproximadamente. Sin embargo, han pasado catorce meses y el juzgado de Loreto que tiene la acusación aún no lo convoca para sustentar la posición fiscal.
En su momento el ex fiscal Yusen Caraza padeció el desinterés del Estado por el medio ambiente y la falta de ayuda para trasladarse a la zona. Cuando la consiguió, invitó a Javier Salazar a que viajara con él para que constate por sí mismo la situación, fue ahí que Salazar conoció Cotuhé por primera vez; “No hay presencia del Estado, es una zona muy alejada y cuesta mucho llegar allí por vía fluvial, pero tenemos que tomar cartas en el asunto, personalmente me he reunido con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para poder llegar a la zona y se complica mucho, el tema logístico es un factor muy importante para llegar allí y que no hay capacidad para poder llegar a esta zona” revelaba Carazas.
Es mucho más cercano entrar por Colombia y realizar el operativo correspondiente, que desplazarse desde la ciudad de Iquitos. Cuesta mucho y es más lejano.
En abril pasado, OSINFOR y el Gobierno Regional de Loreto convinieron en otorgar la concesión a un nuevo actor, la Sociedad Zoológica de Fráncfort, una organización que tiene la administración del Parque Yaguas, en el Perú, y del Parque Amacayacu, en Colombia, Ahora con Cotuhé, tiene el control completo del corredor.
Siendo esto un caso grave que debería alarmar al gobierno nacional y al Congreso de la Republica, lomas probables es que ello no ocurra; el legislativo ha tomado decisiones favorables al crimen organizado y el ejecutivo no las ha cuestionado, el estado peruano esta ausente en ese lugar, sin una comisaría o un puesto militar que lo represente, lo cierto es que el crimen organizado seguirá avanzando en Cotuhé, sin ninguna resistencia.
Daniel Yovera
Reviewed by Diana Chuquiruna Lozada
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agosto 02, 2024
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