Irregularidades en la supervisión de obra del centro de salud Alto Trujillo

 

Contraloría identificó a cinco exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo con presunta responsabilidad penal y administrativa.

Trujillo. – La Contraloría General detectó irregularidades en el otorgamiento de la buena pro y contrato de la supervisión a la obra del Centro de Salud de Alto Trujillo, valorizado en S/1.4 millones y a cargo de la Municipalidad Provincial de Trujillo. En el proceso se admitió y dio por ganador a un postor que no cumplió con el requisito de la oferta económica y presentó a personal clave que carecía del título profesional exigido en las bases, se permitió la firma del contrato fuera de plazo y no se acreditó la documentación obligatoria. 

Según el informe N.º 038-2024-2-0424-SCE, el comité no cumplió con evaluar las ofertas y otorgar la buena pro en la fecha que correspondía, ni tampoco efectuó una prórroga por ello, por lo que registró las etapas de presentación de propuestas, calificación, evaluación y otorgamiento de la buena pro en el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) el mismo día.

También se constató que el postor ganador no alcanzó el presupuesto desagregado por partidas, ofertó un monto menor al requerido para el pago de la liquidación y presentó cartas de línea de crédito sin respaldo económico emitidas por una cooperativa que luego fue disuelta por la SBS. 

Por otro lado, se verificó que el postor ganador no adjuntó el contrato de consorcio original ofertado y entregó otros dos contratos distintos con diferencias evidentes en clausulas y número de DNI del representante legal. Este hecho irregular no fue observado por la subgerente de abastecimiento de la entidad. 

Además, se reveló que la especialista de medio ambiente no tenía la profesión de ingeniera ambiental como requerían las bases, sino de ingeniera industrial y que los dos certificados de sustento no eran válidos para acreditar la experiencia requerida en el cargo. 

Tras las irregularidades determinadas, se identificó en cuatro exfuncionarios presunta responsabilidad penal y administrativa bajo el Proceso Administrativo Sancionador de Contraloría y en uno responsabilidad administrativa funcional de la entidad.