SOBRE EL RASTRO revisó y sistematizó los 67 expedientes con los que se sancionó en la última década a 20 empresas mineras que operan en esta región. Comarsa, San Simón y Quiruvilca son las tres compañías mineras que más infringieron la ley. Estos tres asentamientos mineros ya no operan, y tienen millonarias deudas en multas. Las principales sanciones impuestas tienen que ver con exceder los Límites Máximos Permisibles, verter aguas contaminadas sin tratamiento e incumplir los instrumentos de gestión ambiental aprobados.
La Libertad es una de las regiones de donde más oro se extrae en el Perú. Solo en 2023, las empresas que operan en este departamento extrajeron 33,7 millones de gramos finos del mineral dorado, es decir, la tercera parte de la producción nacional (99,7 millones). Esta región brilla, pero no solo por el oro extraído de sus montañas, sino también por las millonarias multas impuestas contra las mineras que violaron la ley ambiental en la última década. ¿A qué empresas se sancionó? ¿Cuántas multas se impusieron? ¿Fueron pagadas? Este reportaje te cuenta una historia de contaminación, de impunidad y de grandes mineras que le deben millones al Perú.
Para esta investigación, SOBRE EL RASTRO analizó 67 expedientes con los que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) multó a 20 mineras en La Libertad durante los últimos 10 años. Entre el 2014 y el 2023, esta entidad del Estado sancionó a estas corporaciones mineras por varias razones: verter aguas ácidas sin tratamiento, por incumplir los Límites Máximos Permisibles de metales pesados, por no ejecutar medidas para evitar derrames, por incumplir sus instrumentos de gestión ambiental, por mal tratamiento de residuos sólidos o peligrosos, por impedir la fiscalización de OEFA, por no recuperar suelos o cuerpos de agua afectados por derrames mineros, entre otros motivos.
En el siguiente interactivo puedes ver la lista completa de las empresas y cómo se distribuyen los S/431′ 907.419 millones en multas que se les impuso, cuyos montos los calculamos a partir del total de de la Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por su valor referencial de acuerdo con el año de la sanción.
¡Explora y descubre la situación de cada empresa!
COMARSA, LA MÁS MULTADA
La empresa más sancionada es la Compañía Minera Aurífera Santa Rosa S.A., conocida como Comarsa. Según Sunat, inició sus actividades en 1992 y se dio de baja recientemente el 30 de abril del 2024. Este enorme asentamiento minero ya no opera y la empresa se encuentra en liquidación. La mina se ubica en Angasmarca, distrito de la provincia de Santiago de Chuco. El OEFA la sancionó con más de S/247 millones a través de siete expedientes diferentes en 2020, 2021, 2022 y 2023.
A Comarsa la multaron por no realizar actividades o construcciones previstas en su instrumento de gestión ambiental. Además, fue sancionada por no ejecutar medidas preventivas para evitar posibles daños ambientales, por incumplir los Límites Máximos Permisibles (LMP) de varios metales pesados y por vertimiento inadecuado de las aguas producidas por la actividad minera.
Esta compañía suma 44 infracciones. En 2020, la sancionaron, por ejemplo, por no tomar medidas para evitar que las aguas ácidas con presencia de metales pesados que desechaban terminen en el río Ucumal y en la quebrada Sacalla. También la multaron por no paralizar la descarga de los tres efluentes de naturaleza ácida al pie de uno de sus botaderos. Según el OEFA, un efluente minero es todo “aquel flujo descargado al ambiente, que proviene de las actividades mineras o conexas, incluyendo exploración, explotación, beneficio, transporte y cierre de minas”. Si el efluente presenta alta acidez, es un indicio de presencia y oxidación de metales pesados.
Un equipo de SOBRE EL RASTRO viajó hasta el distrito de Angasmarca y verificó el estado de la quebrada Sacalla, una de las más afectadas por la actividad minera de Comarsa.
Según David Otiniano, habitante del caserío Tambopampamarca, las aguas cristalinas de esta quebrada se contaminaron con la llegada de la mina y desde el 2010, aproximadamente, dejaron de usarlas para su consumo y riego. Como se observa en la fotografía tomada el 26 de abril del 2024, las aguas que discurren por su cauce tienen un color anaranjado.«Esta agua ha sido cristalina, normal, limpia, y la hemos perdido. No nos la han devuelto, no hemos sido indemnizados […] Yo veo una ausencia del Estado clara y total. A los campesinos y agricultores pretenden hacernos pagar por el agua de riego, pero a los que hacen este tipo de desastres, no les pasa nada», afirma Otiniano acompañado por un grupo de unos 10 habitantes de Tambopampamarca.
En nuestra investigación verificamos que el OEFA le impuso a Comarsa por lo menos dos multas por no paralizar sus descargas ácidas hacia la quebrada Sacalla provenientes del Tajo Sacalla y de la misma planta de tratamiento de aguas industriales Sacalla. En los monitoreos ambientales, se detectó que estos vertimientos tenían altas concentraciones de arsénico, cadmio, cobre y zinc.
Otiniano contó que, luego de varias protestas en Angasmarca –allá por el 2012 o 2013– la empresa invirtió en un sistema para captar y traer agua limpia hacia la comunidad desde una zona alejada, que está a 20 kilómetros del pueblo. En la actualidad, cada vez que se avería la canalización, en Tambopampamarca tienen muchos problemas para financiar y ejecutar la reparación. El día que visitamos esta comunidad, ellos manifestaban los problemas que tuvieron para conseguir una movilidad e ir hasta la zona de captación. Ahora que la empresa ya no está, la comunidad se las arregla sola.
«No sabía que la mina [Comarsa] debe más de 200 millones de soles en multas, pero sí sabemos que evaden sus responsabilidades sociales y ambientales. Esta es una clara muestra», dice Otiniano mientras señala el cauce anaranjado de la quebrada Sacalla.
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Desde la zona alta de Tambopampamarca observamos la zona de operaciones de Comarsa, en el distrito de Cachicadán, que actualmente se encuentra abandonada (foto: Sobre el Rastro/Oscar Paz Campuzano) |
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Este es el estado de la quebrada Sacalla. El OEFA sancionó a Comarsa por contaminar esta quebrada de la localidad de Angasmarca, en Santiago de Chuco (La Libertad)
SAN SIMÓN Y QUIRUVILCA, LAS OTRAS MÁS MULTADA
La segunda empresa más multada en La Libertad es la Compañía Minera San Simón S.A., que operó en la comunidad de Tres Ríos, ubicada en Cachicadán, también en la provincia de Santiago de Chuco. Según la Sunat, la empresa inició actividades en el 2000 y su baja provisional se dio el pasado 29 de abril del 2024. A esta empresa extractora de oro, el OEFA le ha impuesto 67 multas por más de S/162 millones, pero solo ha cancelado una de S/9 mil soles.
Según los expedientes de sanción, la empresa realizó actividades de explotación sin contar con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado (2014), no construyó una planta de tratamiento para neutralizar el cianuro de sodio (2019) y tampoco su planta de detoxificación de cianuro (2019). Estas infraestructuras de tratamiento, cuyas implementaciones estaban previstas en el Estudio de Impacto Ambiental de la empresa aprobado en el 2007, hubieran servido para neutralizar los efectos tóxicos del cianuro residual generado en la extracción de oro a través del proceso de lixiviación (disolver el oro con cianuro).
Además de no implementar estas plantas, a la empresa también la sancionaron por exceder los Límites Máximos Permisibles de sustancias contaminantes y por descargar efluentes mineros sin tratamiento a los ríos Suro, Cuchicorral y a la quebrada Alumbre. Su lista de infracciones es larga y millonaria.
Un equipo de SOBRE EL RASTRO llegó hasta Tres Ríos, pequeña comunidad de agricultores que vive al pie de la mina. Desde el pueblo se observa el tajo abierto en sus montañas y las instalaciones de la mina que actualmente se encuentran abandonadas. Solo algunos vigilantes custodian el campamento. Llegamos hasta la zona más alta de esta comunidad y desde ahí se tiene una vista de todo el impacto que produjo la mina. En esta localidad, la población no quiso dar declaraciones sobre la situación de la unidad minera y el impacto ambiental en el pueblo. Prefieren guardar silencio.
En su larga lista de incumplimientos ambientales, la mina San Simón presentó descargos para algunos procesos. Sus argumentos fueron que el caso había prescrito, rechazaron la exigencia ambiental del OEFA y cuestionaron el proceso de supervisión. También argumentaron que hubo un mal proceso de notificación y cuestionaron la normativa ambiental peruana. Frente a otras multas, simplemente no presentaron descargos.
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Cerca de las pozas observadas desde la zona alta se pueden ver estas aguas naranjas discurriendo por el suelo y los cuerpos de agua. (Foto: Sobre el rastro). |
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Esta fotografía se tomó desde la zona alta de la localidad de Tres Ríos. Es una vista solo de la primera parte de todo un conjunto de montañas en los que la mina San Simón abrió un tajo para extraer oro (Foto: Sobre el rastro)
En el 2022, el entonces ministro del Ambiente Modesto Montoya visitó el centro de la relavera Santa Catalina, perteneciente a la Unidad Minera Quiruvilca, y dijo: “Esto es un monumento a lo que nunca debió hacerse en el pasado. Esperemos que en el futuro no haya ninguna empresa que haga algo parecido a esto, porque el dinero que se recibe por impuestos o por regalías mineras es muy pequeño en comparación con el daño permanente que se hace al ambiente y a la salud de las personas”.
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Otro caso para destacar es el de la Compañía Minera Poderosa, que según el Boletín Estadístico del Minem, en el 2023 figuró como la segunda productora de oro del Perú después de Minera Yanacocha. A Poderosa, que opera en la provincia de Pataz, el OEFA la multó en el 2014, 2020 y 2022 por más de S/554 mil. ¿Qué infracciones cometió? Según las supervisiones, sus vertimientos excedieron los Límites Máximos Permisibles de arsénico y plomo. Además, no evitó que un derrame proveniente de su planta de filtrado de relaves discurra sobre el suelo.
En el caso específico del incumplimiento de los Límites Máximos Permisibles, se determinó que la Compañía Minera Poderosa excedió la concentración de arsénico en 406% y de plomo en 144%. El análisis se realizó en el punto de muestreo ESP-3, ubicado aguas abajo del depósito de relaves Santa María 2, por donde se tiene acceso al río Hualanga-Frances. Según la Organización Mundial de la Salud, ambos compuestos químicos, que se encuentran en varios de los minerales de donde se extrae el oro, son altamente tóxicos para la salud humana. Una exposición prolongada al arsénico puede provocar cáncer en la piel, pulmones, vejiga y riñones, mientras que el contacto con el plomo genera daños en el cerebro y al sistema nervioso.
En sus descargos, Poderosa cuestionó el proceso de supervisión y argumentó que el OEFA no precisó el tipo de medida preventiva que debe cumplir la empresa. También cuestionó la evidencia presentada por OEFA para demostrar que violaron la ley ambiental. Todos estos argumentos fueron desestimados por la entidad pública, que está adscrita al Ministerio del Ambiente.
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Instalaciones de la compañía minera Poderosa |
DETALLE DE LAS DEUDAS MILLONARIAS
Tras revisar el Registro Único de Infractores Ambientales Sancionados (RUIAS), el OEFA informó que las 233 multas a las 20 mineras quedaron firmes, porque las empresas no presentaron una impugnación en primera instancia o porque, después de ser impugnadas, las sanciones se confirmaron o reformaron. Eso quiere decir que las multas reveladas en este reportaje ya no son impugnables, al menos en el nivel administrativo. En el ámbito judicial, otra es la historia.
Pese a que las multas ya quedaron firmes y en los casos más antiguos tienen hasta 10 años, la mayoría de estas no se han pagado. De las 20 empresas multadas solo siete cancelaron sus deudas totales, cuatro pagaron parcialmente, incluyendo a San Simón que pagó una de sus 63 infracciones. Asimismo, nueve empresas deben la totalidad de las infracciones impuestas. Esto según la información que OEFA envió a SOBRE EL RASTRO el 3 de mayo del 2024.
Las que pagaron sus deudas totales son siete: la Compañía Minera Poderosa S.A. (7 multas por S/554 mil), Consorcio Minero Horizonte S.A. (6 multas por S/1,8 millones), Corporación del Centro S.A.C. (2 multas por S/355 mil), Gold Fields La Cima S.A.A. (2 multas por S/16 mil), La Arena S.A. (10 multas por S/1,9 millones), Minera Barrick Misquichilca S.A. (1 multa por S/72 mil) y Minera Boroo Misquichilca S.A. (1 multa por S/40 mil).
De acuerdo con información solicitada al OEFA y remitida a este medio el pasado 29 de mayo, en La Libertad se abrieron 51 expedientes coactivos con el fin de cobrar las sanciones impagas. En diez procesos con multas sin cancelar, el OEFA aún no abrió expedientes coactivos.
Henry Carhuatocto, abogado y presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS), afirmó que la no recaudación de todas estas multas afecta a la gestión ambiental porque esos recursos deben invertirse en la remediación de la zona impactada, de ser el caso. El OEFA afirmó que los recursos recaudados por multas se transfieren al Tesoro Público. Informó que esto sucede desde el 2023 por el Decreto Legislativo N° 1441.
Sin embargo, en su opinión, el mayor problema no es que no se cobren las multas, sino que las empresas judicialicen las medidas correctivas ordenadas por OEFA y que estas no se ejecuten inmediatamente hasta que el caso se resuelva en el Poder Judicial. Respecto a este punto, el OEFA confirmó que las empresas judicializaron nueve de los 67 expedientes: 5 se archivaron, 2 están en apelación y 2 en casación.
“El proceso sancionador del OEFA debe cambiar. Independientemente de las multas coercitivas, se debería valorizar la medida correctiva y con ese dinero encargar a un tercero a que haga la remediación ambiental si el daño es al medio ambiente”, señaló el abogado. Además, dijo que el incumplimiento reiterado de una medida correctiva debería causar la caducidad de la concesión, pero eso no está estipulado en los contratos de concesión.
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En esta vista de la mina San Simón, se observan aún varias pozas con un líquido anaranjado, muy parecido al que discurre hacia el suelo y cuerpos de agua cercanos (Foto: Sobre el rastro). |
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Desde la zona alta de Tambopampamarca observamos la zona de operaciones de Comarsa, en el distrito de Cachicadán, que actualmente se encuentra abandonada (foto: Sobre el Rastro/Oscar Paz Campuzano)
INFRACCIONES AMBIENTALES MÁS RECURRENTES
Con la sistematización y análisis de los 67 expedientes, se ha logrado determinar que estas son las principales razones por las que el OEFA multó a las empresas mineras en La Libertad: el 17,9% no realizó actividades o construcciones previstas en su instrumento de gestión ambiental; el 13,6% incumplió los Límites Máximos Permisibles en sus vertimientos; el 12,8% vertió aguas de la actividad minera a cuerpos de agua o suelo sin tratamiento o con tratamiento inadecuado, sin puntos de monitoreo o en puntos no autorizados.
Además, el 11,1% no ejecutó medidas preventivas y/o control para evitar posibles daños ambientales; otro 11,1% realizó actividades o construcciones en zonas no autorizadas o no contempladas en su instrumento de gestión ambiental; y el 6,4% no realizó el cierre del proyecto minero y/o pasivo ambiental.
Desde el 2000, Carlos Bocanegra, biólogo pesquero de la Universidad Nacional de Trujillo, investiga los problemas de contaminación ambiental en La Libertad, especialmente en el río Moche y el mar de Trujillo. “Todo el ecosistema en La Libertad está prácticamente contaminado con metales pesados por las descargas de las aguas ácidas de los asentamientos mineros […] Tienen Estudios de Impacto Ambiental y planes aprobados, pero estos no se cumplen […]”
El experto afirmó esto sobre la contaminación de uno de los ríos más importantes de La Libertad: “El color anaranjado, amarillento o rojizo de las aguas del río Moche y de otros afluentes de la región es una evidencia de la presencia de metales pesados. Eso está demostrado por muchos estudios de los últimos años. Y el consumo de alimentos agrícolas regados con las aguas del río Moche y los recursos marinos que se consumen del mar de Trujillo –también con presencia de metales pesados– tiene una relación directa con los niveles de casos de cáncer en la región. Esto se está produciendo por la ingesta de agua y alimentos contaminados por metales pesados como plomo, cadmio, arsénico, hierro y otros”.
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Empresarios mineros y viceministro de minas participan en la presentación de Conamin en Trujillo. |
Para este reportaje, SOBRE EL RASTRO obtuvo las declaraciones del viceministro de Minas, Henry Jhon Luna Córdova, y también del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho. Ambos llegaron a Trujillo en el mes de junio para cumplir varias actividades como parte de funciones de Estado.
Luna Córdova hizo una distinción entre las empresas que iniciaron sus operaciones antes de los 90 y las que se instalaron después de esa década. Sin embargo, al dársele el nombre de algunas empresas que no son locales, que operan después de la década del 90 y que están entre las multadas, el viceministro Luna Córdova dijo que “todos contaminamos”.
Esta es su declaración completa: “Definitivamente, como se mencionó el día de hoy, todos contaminamos, incluso las pollerías, todo el humo que sale, ¿hacia dónde se va? Usted, cuando cocina, ¿a dónde se va el aceite? Hay que hablar de que el tema ambiental no es solamente un tema minero, sino que se debe fiscalizar en todas las industrias”.
Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho puso énfasis en la responsabilidad de los fiscalizadores que no cobran las multas a las empresas mineras sancionadas y dijo que las multas que se aplican deben ser inapelables. “Muchas de esas multas están judicializadas. Ahí viene un círculo vicioso”, afirmó. En sus breves respuestas, el ministro Mucho no se refirió a los daños ambientales y a la remediación de las zonas afectadas.
Trujillo, la ciudad de referencia más próxima a las comunidades donde operan u operaban estas empresas mineras, fue sede del XV Congreso Nacional de Minería 2024, entre el 24 y 28 de junio de este año. Por supuesto que ninguno de los casos comentados en este reportaje se abordó directamente en las más de 30 ponencias o conversatorios del evento, cuyo lema fue el siguiente: “Minería sostenible, innovadora e inteligente”.
En la conferencia de prensa en Trujillo, en la que se anunció el Congreso, el viceministro Henry Jhon Luna Córdova y el empresario minero Roque Benavides resaltaron, en buena parte de sus discursos, la enorme responsabilidad que tiene la minería ilegal en la destrucción del ecosistema y en la criminalización del país. Y es verdad, pero no es la verdad completa. Este reportaje pone en evidencia que la gran y mediana minería también está infringiendo la ley ambiental de forma sistemática, lo que en varios casos provoca graves afectaciones ambientales sin ser hasta hoy remediadas.
En la comunidad de Tres Ríos, donde operó la minera San Simón, la población prefiere guardar un extraño silencio ante los líquidos naranja que siguen discurriendo hacia el río y el suelo desde las instalaciones mineras abandonadas. En Quiruvilca, se destinaron recursos para iniciar la remediación ambiental de Santa Catalina, uno de los relaves más peligrosos del Perú, pero hasta hoy no se han realizado acciones concretas. En la comunidad de Tambopampamarca, colindante a Comarsa, la población se queja de la condición tóxica de una de sus quebradas, por donde en el pasado discurrían aguas cristalinas. Tal es su descontento y temor que en una reciente reunión con funcionarios del Gobierno Regional de La Libertad se han opuesto a que esta mina se reactive bajo un nuevo proyecto aurífero. En la última década, esa minería sostenible, innovadora e inteligente que enarbola los principales voceros de la industria minera en el Perú no parece ser una generalidad. Los datos, las multas y las deudas contradicen a un discurso minero que dice verdades que no siempre se condicen con la realidad.
® Esta investigación la realizó el equipo de SOBRE EL RASTRO con el asesoramiento del FOREC-Foro de Reporteros y Reporteras en Conexión, en Alianza con IDEA Internacional.
Reviewed by Diana Chuquiruna Lozada
on
agosto 15, 2024
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