Congreso: borran grabaciones que servirían para investigación sobre presunta red de prostitución

 El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, fue quien hizo la solicitud a la Oficialía Mayor.

Las grabaciones que servirían para las investigaciones sobre la presunta red de proxenetismo dentro del Congreso fueron borradas.

El hecho se conoció luego de que el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, solicitara los videos de las cámaras de seguridad entre el 1 de julio al 31 de agosto del Complejo Legislativo.

El pedido lo hizo ante el oficial mayor del Parlamento, Giovanni Forno, quien respondió a través de una carta que, según el jefe de la Oficina de Seguridad, Luis Fernando Reátegui, los registros fueron borrados.

La razón fue porque ante la falta de almacenamiento, las grabaciones, cada 25 días, se van eliminando.

“Debido a la poca capacidad de almacenamiento de los equipos con que cuenta el sistema de videovigilancia institucional, (…) solamente se guarda información de los últimos veinticinco días y los archivos anteriores se van borrando“, dictó el documento.

Por ende, Forno le aseguró a Burgos que no será posible “atender la solicitud requerida“.

Ante la sorpresiva respuesta, el presidente de la Comisión de Fiscalización volvió a solicitar a la Oficialía Mayor las grabaciones de las cámaras de los pisos seis y siete del edificio Complejo Legislativo que comprende el periodo entre el 2 y 20 de diciembre.

Hay que precisar que tanto Forno como Reátegui son funcionarios que fueron designados cuando Alejandro Soto presidió la Mesa Directiva, es decir, cuando Alianza para el Progreso (APP) inició la conducción del Legislativo.

Investigación en el Congreso

La solicitud de Juan Burgos fue producto de las investigaciones que viene desarrollando su grupo de trabajo para dar con la presunta red de prostitución dentro del Parlamento y la contratación de jóvenes como es el caso de Andrea Vidal.

Vidal Gómez, extrabajadora del Legislativo, murió en extrañas circunstancia tras ser acribillada con más de 60 disparos. Luego de siete días en UCI, falleció.

Tras su asesinato, se supo que fue mano derecha del entonces jefe de Oficina Legal y Constitucional del Congreso, Jorge Torres Saravia, quien a través de ella contrataría a jóvenes señoritas para que brinden servicios sexuales.