“Si se impone la pena de muerte, debería aplicarse primero a las autoridades corruptas”

El decano de Abogados de La Libertad, Yvo Hora, afirmó que la pena de muerte sería un retroceso en derechos humanos.

Durante el "Primer Debate Regional Descentralizado para Evaluar la Aplicación de la Pena de Muerte al Delito de Violación de Menores de Edad", organizado por el Ministerio de Justicia, el decano del Colegio de Abogados de La Libertad, Yvo Hora Ordinola, expresó su postura contraria a la implementación de la pena capital para estos casos, subrayando la importancia de respetar los tratados internacionales y el avance en derechos humanos.

"Nuestra opinión va a ser técnica, no política", afirmó Hora Ordinola. El decano destacó que la pena de muerte ya está contemplada en la Constitución peruana para delitos como traición a la patria y terrorismo, pero remarcó que ampliar su aplicación iría en contra de los tratados internacionales suscritos por el Perú.

"Tenemos dos pactos fundamentales: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU y la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José). Estos acuerdos impiden ampliar nuevos supuestos de pena de muerte o restablecerla donde ya ha sido abolida. El retiro o denuncia de los tratados podría efectuarse en términos formales; pero igual ello implicaría un retroceso del Estado peruano en materia de protección de derechos humanos, ya que implicaría un grave atentado a la seguridad jurídica de los ciudadanos y al Estado de derecho y un atentado a nuestra democracia", explicó.

El debate sobre este tema se produce en un contexto donde el 97.7% de la ciudadanía trujillana se mostró a favor de la implementación de la pena de muerte para violadores de menores, según una encuesta digital reciente. Sin embargo, Hora Ordinola advirtió que esta medida podría representar una precarización en la protección de los derechos humanos. "No podemos en el tema de derechos humanos retroceder. Tenemos que evolucionar. Hemos ganado derechos antes: no votaban las mujeres, hoy votan. No podemos involucionar", subrayó.

Desde una perspectiva personal, Hora Ordinola reconoció el dilema emocional que enfrentan los padres de familia ante crímenes atroces. "Como padre de familia, si algo le pasara a mis hijos, a veces pienso en hacer justicia por mis propias manos", confesó. No obstante, instó a la reflexión y apeló a la responsabilidad de los legisladores y líderes políticos. 

No obstante, el decano sugirió que, si finalmente deciden contemplar la pena de muerte, debería primero aplicarse a las altas autoridades corruptas: "Si ha de imponerse la pena de muerte, que se aplique a las autoridades corruptas, que son las que deben ser y dar el ejemplo".

Finalmente, Hora Ordinola instó al Ministerio de Justicia y a la Presidencia de la República a ejercer su rol de vigilancia ante posibles normas inconstitucionales: "Usted, señor Ministro, es el llamado a decirle a la Presidenta que observe las leyes inconstitucionales".

El debate continuará con la participación de diversas autoridades locales y representantes de la sociedad civil, con la finalidad de recoger opiniones y construir consensos sobre este complejo tema.