Denuncian robo de procesadores en el Poder Judicial: Pérdidas superan el medio millón de soles

 

Un preocupante robo de 173 procesadores de computadoras recién adquiridas por el Poder Judicial fue denunciado públicamente. Según el programa dominical Panorama, este hurto, valorizado en casi medio millón de soles, se habría realizado dentro de los almacenes de la institución en el Cercado de Lima, entre enero y noviembre del año pasado.

El informe revela que, bajo la gestión del expresidente Javier Arévalo, el Poder Judicial adquirió 347 computadoras de escritorio en enero de 2023, con un costo total de aproximadamente 1.3 millones de soles. Estos equipos, destinados a modernizar los procesos judiciales, permanecieron almacenados por varios meses antes de ser distribuidos. Fue en noviembre, durante la entrega a la Corte Superior de Justicia de Lima Este, que se descubrió que 108 computadoras no contaban con sus procesadores, esenciales para el funcionamiento de los equipos.

Además, se detectó un caso similar en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal, donde los procesadores de otras 65 computadoras fueron reemplazados por piezas obsoletas.

ROBO SISTEMÁTICO Y SOSPECHA DE COMPLICIDAD INTERNA

El robo, calificado como sistemático, habría ocurrido aprovechando la falta de control efectivo en los almacenes. A pesar de contar con cámaras de seguridad y vigilancia, los momentos del hurto no fueron registrados. Susana Silva, jefa del Gabinete del Poder Judicial, señaló que esto podría deberse a una manipulación de los sistemas de videovigilancia.

"Es sorprendente que los sistemas de seguridad no hayan captado el accionar de los responsables. Todo apunta a un manejo muy preciso", comentó Silva.

AUTORIDADES ESTABAN INFORMADAS

Según Panorama, el expresidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, ya conocía del robo antes del 12 de diciembre, fecha en que se realizó una ceremonia simbólica de entrega de las computadoras a las sedes judiciales.

El Poder Judicial ha anunciado investigaciones internas para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Asimismo, este caso subraya la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de seguridad en las instituciones públicas.