El Gobierno de la República declaró el estado de emergencia por un periodo de 60 días calendario en 338 distritos de 20 regiones, incluyendo Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, debido al peligro inminente generado por las intensas precipitaciones pluviales. Esta medida tiene como objetivo ejecutar acciones inmediatas para reducir el muy alto riesgo existente, así como implementar respuestas y procesos de rehabilitación.
Regiones afectadas
El Decreto Supremo N.º 007-2025-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano, detalla que los distritos comprendidos están ubicados en las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y el Callao. Esta declaratoria responde al riesgo inminente que representan las lluvias intensas en estas zonas.
Acciones coordinadas
Los gobiernos regionales y locales, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), liderarán las medidas inmediatas para mitigar los riesgos, responder a las emergencias y trabajar en la rehabilitación de las zonas afectadas. Estas acciones contarán con el apoyo de los ministerios de Salud; Educación; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Desarrollo Agrario y Riego; Interior; Defensa; Transportes y Comunicaciones; Energía y Minas; Mujer y Poblaciones Vulnerables; y Desarrollo e Inclusión Social, entre otras entidades públicas y privadas.
Presupuesto y sustentación técnica
Las intervenciones previstas en el decreto supremo se financiarán con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin generar demandas adicionales al tesoro público. Estas acciones se sustentarán en estudios técnicos y podrán ser ajustadas según las necesidades que surjan durante su ejecución, asegurando un nexo directo entre las medidas adoptadas y los riesgos asociados a las lluvias intensas.
Compromiso del Gobierno
La norma lleva la firma de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y es refrendada por el presidente del Consejo de Ministros y los titulares de los ministerios involucrados. Esta declaratoria reafirma el compromiso del Gobierno en proteger a la población y mitigar los impactos de los desastres naturales en las zonas más vulnerables del país.
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